La difícil convivencia con los menores de la calle Diego Zurita
Hay ocasiones en que la convivencia que impone la vida en ciudad sufre una disrupción que convierte la vecindad en un calvario. Esto es lo que les pasa a algunos vecinos de Altavista, que han denunciado las dificultades que tienen para desarrollar una vida normal junto a un centro de menores. Es un estrés insoportable", denuncian los vecinos, que prefieren mantener el anonimato para evitar problemas, "la convivencia vecinal se ha visto alterada por insultos" y otras prácticas que dicen sufrir por parte de algunos menores tutelados que están en el centro de la calle Diego Zurita, en Altavista. "Nos tiran boliches de cristal, nos lanzan rollos de papel, vacían los extintores, tiran huevos y, en ocasiones, hasta rayan nuestros coches", señalan los vecinos afectados, quienes se han dirigido en varias ocasiones a la Fiscalía y a todas las administraciones para poner remedio a esta situación. Por el momento, sus voces retumban en las instituciones sin generar más respuesta que un eco. "No son perrerías, esto va a ocasionar un problema serio", advierte otro afectado. "Los vecinos entienden la necesidad de salvaguardar los derechos de unos adolescentes que necesitan ser reeducados en parámetros de conducta y preparados laboralmente para poder incorporarse de forma integral a la convivencia ciudadana", expone la presidenta de la asociación de vecinos Ciudad Alta, María de los Ángeles Sánchez, en un escrito remitido a la Fiscalía de Menores. "Lo que no se puede asumir es que los residentes del barrio tengan que perder su calidad de vida", añade. Solicitaron que se abriera una investigación que determine si el centro cumple con los requisitos exigidos por ley, si la concesión fue correcta, si los adolescentes están escolarizados y se realizan otras actividades formativas o de ocio. Este periódico pudo saber que el centro de Diego Zurita atiende a menores en desamparo (no con medidas judiciales), cuya tutela es del Gobierno de Canarias y cuya custodia está en manos del Cabildo de Gran Canaria porque con sus familias no se puede garantizar sus derechos. Se trata de uno de los hogares que genera más quejas porque alberga a jóvenes con conductas disruptivas, que requieren una intervención diferente y con un apoyo más especializado. Los menores están escolarizados si bien los técnicos reconocen dificultades en su tratamiento.
