El Puerto denuncia La Esfinge
El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas trasladará a la Fiscalía las «graves irregularidades» detectadas en las obras de la segunda fase del dique de La Esfinge durante la etapa de Javier Sánchez-Simón. También requerirá a la Abogacía del Estado que «aclare la posibilidad de interponer una querella para depurar responsabilidades».
La solicitud de investigación que la Autoridad Portuaria de Las Palmas presentará a la Fiscalía «esta semana» se sustenta en el informe de Puertos del Estado firmado el 5 de junio de 2014 en el que se advierte de «graves irregularidades en las obras de la segunda fase de La Esfinge», adjudicadas en 2007 a la UTE formada inicialmente por FCC, Dragados, Matías Marrero y Félix Santiago, por 46 millones de euros, con una importante participación de fondos europeos (el 80%).
El documento, recordó ayer el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Ibarra, alerta de «modificaciones de obra no recogidas en el proyecto, la utilización de bloques de hormigón de otras obras, o certificaciones que no se correspondían con la realidad». El consejo pedirá además a la Abogacía del Estado que analice la posibilidad de «presentar una querella». Y aunque Ibarra aludió a la presunción de inocencia, añadió que Fiscalía deberá aclarar las posibles responsabilidades «de la propia Administración portuaria, y la contratista».
Las obras, adjudicadas al final del mandato de Emilio Mayoral en el Puerto, se alargaron hasta 2011, en la etapa de Javier Sánchez-Simón, y en julio de ese año se produjo una «recepción fallida». Los trabajos fueron finalmente recepcionados en el cuarto trimestre de 2011, con Ibarra recién llegado al cargo (agosto).
Este último anunció que el próximo consejo de administración portuario decidirá el futuro de cuatro técnicos del puerto involucrados en esta investigación: se abordarán los expedientes sancionadores abiertos contra dos técnicos de verificación de la obra, para los que se propone una suspensión de un mes de empleo y sueldo; contra el jefe de obra, para el que se plantea un año; y para el director de obra, que se enfrenta a una suspensión de seis años.
También se formalizará el desestimiento de la reclamación de los 12,5 millones formulada por la contratista por trabajos realizados no contemplados en el contrato. Y quedan pendientes de concretar «los fondos europeos a devolver», y las cuantías que «Puertos exigirá a su vez a las empresas».
