El porcentaje de animales silvestres envenenados en España creció un 80 %

El porcentaje de animales afectados por veneno creció un 80 % durante el período de 2010 a 2015 respecto al mismo estudio elaborado entre 2006 y 2009, según el informe "Casos graves de envenenamiento de fauna silvestre en España", publicado por Ecologistas en Acción (EA). Aunque el número de casos graves se mantiene en una ratio similar a la del primer documento -54-, la organización conservacionista ha confirmado la muerte de más de 900 ejemplares de diferentes especies, "muchas de ellas, protegidas". Entre las más afectadas destacan el milano real y el lobo ibérico, aunque siguen siendo "numerosos" los casos de envenenamiento de águilas imperiales, buitres negros y buitres leonados, así como de quebrantahuesos, alimoches, águilas perdiceras y linces ibéricos. Los agentes tóxicos más habituales son fitosanitarios como el aldicarb -empleado como insecticida-, y el carbofurano -usado para controlar plagas de insectos en cultivos como la patata, el maíz o la soja- según este informe. Un dato positivo es el descenso en el empleo de mezclas de varias sustancias -del 19,5 % entre 2006 y 2009 al 7,4 % en el estudio más reciente-, que da lugar a situaciones de riesgo especialmente perjudiciales. "A pesar de su ilegalidad, el veneno se sigue empleando para matar animales predadores con fines cinegéticos y ganaderos", indica el análisis de EA que ha señalado como ejemplo su uso para tratar plagas agrícolas como la de topillo campesino en los cultivos de Castilla y León. Respecto a los roedores, Castilla-La Mancha cuenta con la mayor tasa de mortalidad de fauna de este tipo asociada al uso a gran escala de bromadiolona, aunque los casos más graves de envenenamiento se han detectado en Navarra. La organización lamenta la actitud de la mayoría de las administraciones autonómicas frente al problema del veneno, pues "sigue siendo excesivamente tibia y resulta manifiestamente mejorable", si bien reconoce el esfuerzo acometido por algunas como Andalucía, donde el gobierno autonómico ha impuesto sanciones, cerrado cotos y aprobado planes específicos contra el uso indiscriminado de estos productos tóxicos. Los datos recogidos por este informe representan "apenas uno de cada diez casos de uso de veneno", por lo que la organización ecologista ha pedido "más agentes medioambientales y unas fiscalías implicadas" en la resolución de los posibles delitos medioambientales. Además ha hecho hincapié en la necesidad de establecer nuevas sanciones penales y administrativas que conlleven la suspensión automática del coto o de la explotación agraria afectada "hasta que se recupere el daño causado a las especies".

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