El juez investiga la prostitución de niños fugados del correccional

ANTONIO F. DE LA GÁNDARA

Un Juzgado de Fuerteventura investiga desde hace meses bajo secreto varios casos de menores tutelados por el Gobierno canario o sometidos a expediente de riesgo que supuestamente se fugan de los llamados centros verticales de la isla para prostituirse.

Un Juzgado de Puerto del Rosario (Fuerteventura) investiga desde el año pasado y bajo secreto de sumario varios casos de menores internados en centros tutelados por la Dirección General de la Infancia, Dependencia y Familia del Gobierno de Canarias que se fugan de los llamados centros verticales de la administración (instituciones en las que conviven todo tipo de menores de 0 a 18 años, desde bebes en desamparo hasta jóvenes cumpliendo medidas judiciales) para supuestamente prostituirse en las calles de la capital de la isla, confirmaron a este periódico fuentes de la Fiscalía de Las Palmas.

Las fuentes consultadas detallaron que entre los menores que supuestamente se prostituyen se encuentran jóvenes tutelados por las instituciones y niños sometidos a expediente de riesgo. Estos últimos no están tutelados por las administraciones, aclararon las fuentes.

Las fuentes confirmaron que la supuesta actividad delictiva se percibió de forma más grave durante el pasado año, y expusieron que si bien en 2014 los casos han ido a menos, la realidad es que están sometidos a una investigación judicial de la que hipotéticamente podría derivar la responsabilidad de la Dirección General de la Infancia del Gobierno de Canarias por no habilitar recursos en condiciones para evitar que los niños se fuguen de los centros.

Todos juntos. La situación en los llamados centros verticales ya había sido denunciada por la Fiscalía de Menores de Las Palmas en la memoria sobre la actividad del Ministerio Público en 2013, difundida en exclusiva por este periódico de manera profusa y detallada entre el 21 de septiembre y el 7 de octubre.

Como se informó el 23 de septiembre, la fiscal decana de Menores de Las Palmas, Montserrat García, ya denunciaba en la memoria que en 2013, y con la excusa de la falta de presupuesto, se habían «consolidado» los centros verticales, advirtiendo de la especial conflictividad del de Fuerteventura.