El juez da cinco días a Julián Muñoz para que ingrese en prisión

El titular del Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga ha dado un plazo de cinco días al ex alcalde de Marbella Julián Muñoz para que ingrese voluntariamente en prisión por un delito urbanístico en el caso de las licencias de obras de 'Banana Beach', informaron ayer fuentes judiciales.

EFE

Las fuentes explicaron que ahora sólo cabe un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial -que ya han presentado las defensas de algunos acusados-, la solicitud de indulto que han entregado todos o un recurso de revisión ante el Tribunal Supremo para que suspenda la ejecución del ingreso en prisión.

El plazo otorgado a los condenados contará a partir de que reciban la notificación judicial, lo que ya ha ocurrido en alguno de los casos, aunque no ha trascendido si el abogado de Julián Muñoz lo tiene ya en su poder o no.

Diversos catedráticos de derecho consultados por Efe discrepan sobre si estos recursos paralizan o no la orden de ingreso en prisión, ya que mientras algunos entienden que por "prudencia judicial" podría suspenderse al tratarse de una pena pequeña, otros no lo tienen claro debido a la "complejidad" de la materia.

Muñoz, que en el momento de los hechos actuaba como alcalde accidental, fue condenado junto a otros seis ex ediles, Rafael González Carrasco, María Luisa Alcalá Duarte, Mario Jiménez Notario, Manuel Calle Arcal, Juan Antonio Yagüe Reyes -hermano de la ex alcaldesa Marisol Yagüe- y Dolores Zurdo Padilla.

Además de la pena de cárcel, todos fueron condenados a ocho años de inhabilitación por delito consumado contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación funcionarial urbanística y se absolvió al que fuera alcalde, Jesús Gil y Gil, por haberse extinguido su responsabilidad criminal por fallecimiento.

El juez dictó el pasado 23 de febrero un auto en el que ordenaba la ejecución inmediata de la pena de seis meses de cárcel que le fue impuesta a Julián Muñoz y sus compañeros de corporación y denegaba tanto la suspensión de la condena como la solicitud de sustituir la pena por una multa como reclamó la defensa de Muñoz.

El magistrado se basó en que Muñoz tiene pendiente "numerosos procedimientos penales por delitos urbanísticos", hablaba de " crimen urbanístico" y recordaba que el Derecho Penal sanciona sólo las actuaciones urbanísticas "más peligrosas, ya que su finalidad es atender a la defensa social".

Julián Muñoz ha sido ya condenado en dos ocasiones por delito urbanístico, una vez por las mencionadas licencias de obras en Banana Beach y en otra ocasión por autorizar una licencia de obras a la entidad Promoción de Edificaciones Industriales S.A. (Proinsa) para la construcción de 150 viviendas, garajes y locales comerciales en una parcela junto al Palacio Polivalente de Marbella.

En los fundamentos jurídicos de la sentencia de Banana Beach se destacaba que el otorgamiento de la licencia se hizo de modo "flagrante y patentemente arbitrario, con un olvido completo de la función pública urbanística".

Entonces, el juez apuntó que "es evidente que la licencia fue otorgada en contra de la norma" y que "el incumplimiento de la normativa urbanística en este caso es indiscutible".

También destacó que "los acusados no eran ignorantes de la polémica que existía en torno al PGOU a aplicar en el municipio", por lo que queda acreditado, según el juzgador, "la persistente actitud prevaricadora de los procesados".

El magistrado mantuvo que la licencia de obra se concedió el 9 de septiembre de 1998 y que los otros movimientos que realizó el Ayuntamiento de Marbella son "operaciones extravagantes con no se sabe qué concreta finalidad pese a que ellos lo denominaban licencia al proyecto reformado y licencia de ejecución".

Actualmente, Muñoz tiene casi un centenar de procedimientos abiertos en la Audiencia de Málaga por irregularidades urbanísticas, además de otras causas en otros órganos judiciales.

Debido a ello, Muñoz es el ex alcalde con más procedimientos penales abiertos en España, y se enfrentará por estas causas a penas que oscilan entre los 18 meses y dos años de prisión además de inhabilitación para empleo o cargo público de entre ocho y diez años, según fuentes judiciales