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El bochorno de RTVC

Jueves, 1 de enero 1970

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Soy un firme defensor de los medios públicos de comunicación, que deben cumplir una importante tarea de formación, información desde el pluralismo y la calidad de su programación. Colaborando en la cohesión social de Canarias. Dando voz a los distintos sectores de la sociedad y facilitando el desarrollo del sector audiovisual de las Islas, que genera economía y empleo cualificado sin consumir territorio. En el caso de la Radiotelevisión Canaria (RTVC), el modelo con el que fue creada ha permitido su funcionamiento con moderados recursos, lo que ha evitado entrar en las perversas dinámicas que han llevado a endeudamientos insostenibles a otras teles autonómicas. Pero RTVC necesitaba revisar su funcionamiento, corregir disfunciones y recibir un nuevo impulso; crítica que, sin fisuras, ha mantenido Nueva Canarias en la última década, mientras PSOE y PP cambiaban de posición, según estuvieran o no en el Ejecutivo. La nueva ley aprobada por el Parlamento canario, el pasado mes de diciembre, apunta en esa línea al desvincularla del Gobierno y darle una gran autonomía a sus órganos rectores, mediante equipos profesionalizados, plurales y multidisciplinares. En ello es clave su Consejo Rector. Un órgano que debe estar integrado, según señala la ley, por personas “de reconocida cualificación y experiencia profesional”. Con capacidad para dirigir, con elevada autonomía, un órgano que gestiona unos 40 millones de euros anuales de dinero público. Tiene, entre sus funciones, representar y administrar el ente público, nombrar y cesar el equipo directivo de primer nivel de RTVC, aprobar la organización básica del ente, supervisar la labor de dirección de RTVC y de sus sociedades, desarrollar los principios básicos de producción, aprobar las cuentas anuales y el anteproyecto de presupuesto. También la responsabilidad de aprobar la creación, composición y funciones de los órganos destinados a garantizar el control interno y la independencia profesional de los servicios informativos, así como la participación de la sociedad civil.

equipo. Corresponde al Parlamento la designación de los cinco integrantes del Consejo Rector y, también, la elección del presidente del consejo y del ente público RTVC. Pero en lugar de buscar un equipo cohesionado, con perfiles diversos pero complementarios y con capacidad de gestión, se optó por realizar un reparto partidista. Un reparto de cuotas en el que algunos de los candidatos cumplen de sobra con las condiciones para dirigir un órgano con tantas y relevantes responsabilidades, y otros no, como se pudo observar en la comparecencia ante la comisión de Control de la RTVC del Parlamento, que fue cualquier cosa menos un examen de idoneidad. Lo sucedido en la misma y la posterior renuncia de Francisco Moreno, en un ejemplo de coherencia y compromiso con la RTVC, han dejado al desnudo unas componendas inaceptables y un escaso interés de CC y PP en transformar la radiotelevisión pública. La incorrecta manera en que se ha tratado de constituir el consejo nos obliga a impedir que las estrechas miras de algunos dirigentes políticos frustren el nacimiento de una ley y de un Consejo Rector, que suponen un enorme avance respecto a lo establecido hasta ahora. Como ocurrió en su momento con el Tribunal Constitucional (TC), en el que el PSOE bloqueó su renovación durante años al intentar el PP colocar a un miembro que no reunía las mínimas condiciones, en este caso democráticas, para formar parte del TC. Una decisión, la del reparto entre CC, PP y PSOE, de sus miembros que no es ni mucho menos fiel al espíritu de la ley; y que, además, resulta poco o nada presentable cuando se lleva a cabo en los últimos meses de la legislatura y a sabiendas de que la composición de la Cámara canaria variará sustancialmente después de los comicios de mayo, como señalan la práctica totalidad de los sondeos electorales.

desprecio a la cámara. Además, y para más escarnio, las personas determinantes que han movido los hilos para conformar en su particular interés la mayoría en este Consejo Rector ni siquiera forman parte del Parlamento de Canarias. Lo que supone un desprecio a la Cámara canaria y a los más elementales comportamientos democráticos. Dirigentes que, mucho antes de ser confirmados por las urnas, antes de que el electorado y los acuerdos parlamentarios les coloquen en el Gobierno o en tareas de oposición, pretenden convertir a la RTVC en una especie de avanzadilla, de toma de cabecera de playa, del pacto conservador que están fraguando entre CC y el PP. Tenemos en estos momentos en Canarias la oportunidad de dar un salto cualitativo en la radiotelevisión pública, profundizando en su pluralidad, en la calidad de su programación, en el impulso del sector audiovisual y en el control democrático de sus órganos. Sería un fracaso, para la RTVC y para la propia democracia, que un partidismo anacrónico y de corto recorrido frustre el desarrollo de una Ley casi desde su nacimiento. Lo sucedido estos días ha sido auténticamente bochornoso.

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