Dimas Martín acumula un notable historial que tuvo el inicio en 1975
J.R.S./C.I.
Jueves, 5 de febrero 2015, 00:00
En sus casi 67 años de existencia, Dimas Martín ha acumulado varias condenas en su contra, que le han privado en varias ocasiones de libertad, así como de ejercer como cargo público. Se estrenó en 1975, cuando, aún ajeno a la política en primera línea, fue condenado por vender apartamentos inexistentes, si bien en este caso se libró de llegar a mayores, por la amnistía general decidida tras la muerte de Francisco Franco.
Se estrenó como cargo público en 1983, alcanzando la Alcaldía de Teguise tras un singular pacto donde tuvo apoyo de varios tránsfugas. Fue a más desde entonces, llegando a ser presidente insular, senador e, incluso parlamentario regional, siempre valiéndose del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), formación que habitualmente manejó a su antojo, por encima de las bases.
En 1993 fue inhabilitado, siendo presidente insular, por irregularidades cometidas en Teguise, si bien pudo volver años después a la política, llegando a recuperar la Presidencia. Antes, en octubre de 1998, ingresó en la cárcel de Tahíche, por desobediencia, tras encabezar una defensa numantina en favor de un bañadero en Guatiza, sin permiso de Costas. Cumplió meses de condena, mientras estaba pendiente de ver cómo se zanjaba la investigación sobra la compra de un edil en Arrecife, a mediados de 1995. Demostrada aquí la culpabilidad, de nuevo entró en prisión. Corría enero de 2004, ocupando de nuevo la Presidencia insular, que dejó en junio, a través de una carta escrita en su celda.
Fue 2004 un año que le marcó, puesto que en este ejercicio se confirmó la pena a ocho años de cárcel por cuatro delitos económicos ligados con la gestión del Complejo Agroindustrial de Teguise. Tras no conseguir el indulto, ni tampoco una revisión, entró de nuevo en la cárcel a finales de 2006. Y allí permaneció hasta 2008, disfrutando durante meses de una situación laxa, con abundantes permisos, hasta que fue arrestado en mayo de 2009, dentro del denso entramado resumido en el caso Unión. En pleno ingreso carcelario, de nuevo resultó arrestado en abril de 2010, al saberse de la trama vinculada con el caso Jable.
En 2011 fue condenado a dos años por la construcción, siendo presidente, de los baños junto a la ermita de Dolores, que afectaron a una colada histórica. En esta vista salieron sin condena el técnico José Fiestas Coll y el consejero de Obras Públicas, Sergio Machín, ahora imputado en el caso Fitonovo. Esta pena la concatenó con la establecida por la administración del Complejo.
