Diego Hermoso. Decano del Colegio de Registradores de Las Palmas

«El sistema jurídico ha sido demasiado rígido ante una realidad social tan abrumadora»

Licenciado en derecho por la Universidad de Granada, cuenta con más de 35 años de experiencia en el sector. Desde el año 2000 ha desarrollado su actividad en el sur de Gran Canaria, lo que le ha permitido ser conocedor de la realidad del turismo en la zona.

¿Qué retos enfrenta como nuevo decano?

– El reto principal es abrir el registro a la sociedad canaria, que vean que tienen un apoyo y un elemento básico para, en momentos tan convulsos como estos, que sepan que estamos defendiendo la seguridad jurídica y que estamos absolutamente cercanos a sus intereses, al impulso de Canarias y a su sociedad. Por otro lado, hacer que nuestra base de datos, que es muy potente, empiece a ayudar a los distintos organismos para empezar a tomar decisiones que mejoren la vida de los canarios.

– ¿Qué papel deben jugar los registradores en 2025?

– El registro de la propiedad siempre ha sido enormemente útil a efectos hipotecarios, de inversión inmobiliaria o mercantil pero siempre fue una institución que se visitaba una o dos veces en la vida, para la transmisión de la propiedad, constituir una sociedad y poco más. Sin embargo, en la actualidad, el registro está cada vez más cerca de la sociedad y creemos que debemos de seguir ese impulso que la sociedad nos demanda.

Si nos necesitan en turismo, ahí estaremos. Si hace falta definir los inmuebles con el catastro y coordinarlos también. Si se nos pide ayuda en La Palma porque ha habido una catástrofe y se necesita definir las fincas registrales para que el afectado pueda saber dónde está su título jurídico, su certificación registral y poder reclamarla pues allí tenemos que estar, por situaciones creamos el portal de emergencias. La idea es el registro se abra a la sociedad porque hay una demanda de seguridad jurídica en muchos aspectos y demostrar que estamos abiertos a aplicar las nuevas tecnologías para hacer mucho más eficiente la seguridad jurídica en Canarias.

Queremos ser cercanos a la sociedad, y podernos permeabilizar con cada uno de los usuarios, tanto con una sede electrónica muy rápida como una presencia física donde la gente pueda acudir y hablar con el registrador y tener a su alcance toda su información.

– ¿Tienen capacidad de personal para abarcar tantos frentes?

– El registro de la propiedad está perfectamente dimensionado. Es cierto que ahora mismo tenemos ciertos problemas para influir en la juventud, hacer que se den cuenta de que esto es una profesión apasionante, muy cercana a la realidad socioeconómica y que cumplimos una función que de verdad causa vocación. A través de nuestra Cátedra de Derecho Registral intentamos llegar a la mayor parte de los universitarios. Además, formamos a nuestro personal para que sea mucho más eficientes y a su vez puedan llegar a más personas. También estamos intentando conseguir más opositores, pero la verdad es que aún así cuesta, porque no es habitual que una persona joven decida estar cuatro años estudiando después de haberse graduado, pero las hay, porque la compensación merece la pena.

– Ley Estatal de Vivienda, ¿se puede mejorar?

–La ley de vivienda es claramente perfectible, teniendo en cuenta las tensiones que ha creado entre los propietarios que han dejado de alquilar por la propia legislación. Pese a no ser legisladores, nos interesa que se cumpla en sus justos términos, que si hay vivienda protegida, lo siga siendo y que si hay una vivienda incentivada para poder llevar a cabo un alquiler asequible, que también se cumpla. Es ahí donde de verdad podemos aportar.

Nos interesa resaltar la posibilidad de ejercer esa jurisdicción voluntaria de tal modo que quien vaya a utilizar su vivienda para uso vacacional después de estar en el residencial, sepa perfectamente que va a estar protegido por el registro y que no existe la posibilidad que le quiten el beneficio o la bonificación. También estamos a favor de la nueva ley canaria que consiste en un registro de arrendamiento de vivienda asequible. Es una buena medida para las personas que tengan su vivienda y quieran destinarla a un arrendamiento asequible tengan protección. Una garantía de que va a cobrar la renta, sin okupas. Eso animará al mercado de ese tipo de alquileres.

– ¿Qué rol puede desempeñar el colectivo en la futura ley de vivienda vacacional?

– Hasta hace relativamente poco, la gente conseguía el alta para su vivienda vacacional a través de la declaración responsable, con el problema de que no todo lo era en su declaración. Al hacernos cargo del Registro Único de Arrendamientos, en 15 días podemos controlar si el propietario está cumpliendo jurídicamente. El problema del proyecto de ley es que los ayuntamientos están muy cercanos al ciudadano y eso los hace ser muy sensible de todas las presiones que ha habido. Por el contrario, el Gobierno de Canarias no tiene la capacidad para llegar a todos los rincones, porque están a su vez los cabildos, quienes tienen también competencias.

Dentro de eso, los que más presión van a tener por supuesto son los ayuntamientos, porque tienen que profundizar en su planeamiento. Se trata de que desarrollen lo que propone la ley 2/2013 que es definir qué zonas van a ser residenciales y cuáles turísticas. Y si es turística, determinar si van a permitir o no vivienda vacacional. Es una labor que tienen que definir democráticamente.

Soy optimista de que se llegará aun consenso. En el fondo se trata de un conflicto de intereses pero que son todo en beneficio de la economía, de la sociedad y, por tanto, creo que habrá un acuerdo. El objetivo final es conseguir que haya un pacto social donde se defienda la vivienda residencial y, a su vez, se permita el uso turístico tanto de la vivienda como de los establecimientos turísticos.

–¿Cree que los ayuntamientos tienen miedo de perder votos?

– Creo que los ayuntamientos se deben a sus votantes. Está claro que es una decisión que les influye pero también lo hará si lo solucionan porque es lo que busca todo el mundo. La sensación de no conseguir casa, no poder alquilar, no poder arrendar turísticamente causa cierta sensación de crisis que se supera a través de soluciones efectivas, que se encuentran en el consenso social y económico.

– ¿Consideran que la especialización de usos debe continuar?

– Sí, pienso que siempre ha hecho falta la determinación de los usos. El uso de los inmuebles viene establecido en la Constitución y deben cumplir una función social. A partir de ahí, toda la normativa urbanística determinará que se puede destinar a unas cosas u otras. Es necesaria una definición por parte de los especialistas, demógrafos, geógrafos, arquitectos que definan exactamente cómo ha de desarrollarse la ciudad y como debe respetarse la naturaleza y la calidad de vida de los que la habitan.

Una vez establecido esto, plasmarlo en cada plan general es relativamente fácil. No hay más que votar y ya está. En el fondo, el sistema jurídico no está mal, su problema es que ha sido demasiado rígido ante una realidad social que ha llegado de forma abrumadora, casi como una avalancha, haciendo que las normas queden obsoletas. La clave es adaptarlas a este momento histórico y sociológico.

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