Borrar
Fernández (Visocan), Rodríguez (Consejería) y Salud Gil (AECP), ayer en la mesa redonda con la moderadora. C7

Rodríguez confía en poner este año 1.000 viviendas sociales en el mercado del alquiler

Salud Gil «rompe» con algunos mitos y asegura que, aunque la rentabilidad, con el alza del módulo sigue siendo ajustada y muy por debajo del mercado libre

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 21 de marzo 2024, 17:20

Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

«Estamos trabajando para dar un vuelco a la vivienda en el corto y en el medio plazo». Con estas palabras se expresó ayer el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, durante su intervención en las I Jornadas Profesionales organizadas por la empresa pública Visocan, celebradas ayer en la capital grancanaria para desgranar las medidas del decreto ley de vivienda aprobado en febrero por el Gobierno y convalidado el miércoles por el Parlamento regional.

El consejero expresó su confianza en sacar al mercado del alquiler social 1.000 vivienda este año. En el acto además de Rodríguez intervinieron el consejero delegado de Visocan, Agustín Fernández, y la presidenta de la Asociación de Empresarios de la Construcción y Promotores (AECP), María de la Salud Gil.

Durante su intervención en las jornadas organizadas bajo el lema 'Proyectando Canarias', el consejero destacó que «el Ejecutivo está velando, desde el primer momento, por el derecho de acceso a la vivienda de todos los canarios y canarias, para que todos y todas tengan acceso a ella, en condiciones de igualdad» y restó importancia a las críticas lanzadas por PSOE y NC, que votaron en contra de su convalidación en el Parlamento. «Se han quedado sin argumentos porque hemos ido rebatiendo todas sus acusaciones», indicó Rodríguez, que confió en que los ayuntamientos gobernados por el PSOE no «vayan a poner trabas» al desarrollo de las medidas. «Tenemos el ejemplo de Agüimes y Arucas que publicamente han valorado muy bien el contenido del decreto y las medidas», manifestó.

Rodríguez resaltó que el decreto ley busca agilizar la construcción de vivienda pública, incentivar al sector privado «para que también sume y contribuya a la construcción de inmuebles protegidos». El consejero de Obras Públicas rechazó de lleno, al igual que Agustín Fernández y Salud Gil las declaraciones de PSOE y NC indicando que las medidas fomentan la especulación.

En este sentido, Salud Gil fue muy clara e indicó que, aunque la situación para el promotor mejora en este decreto, la rentabilidad sigue siendo muy ajustada. Como apuntó son muchos los indicadores que influyen, como la propiedad del suelo, la financiación, la comercialización y además, resaltó que el precio del módulo es por superficie útil.

En las construcciones, la superficie útil supone el 73% de la construida, de forma que si el promotor se gasta 100 euros en construir el módulo devuelve 73. «Si tenemos en cuenta que el precio medio de construcción son 1.300 euros y a eso le tengo que añadir un 20% de repercusión del suelo, un 10% de gastos generales y un 3% de financiación y otro tanto de comercialización son casi 1.760 euros. Con lo que los márgenes son escasísimos», indicó.

Por tanto, el módulo en lugar de ser 1.905 euros se convierten en 1.391 euros, manifestó. En su opinión, la rentabilidad dependerá de que el suelo sea a coste cero (derecho de superficie) y se adquieran edificios construidos», manifestó.

La RIC es otro de los elementos que hará que el coste financiero de los empresarios se reduzca. «Si ajusto todos los costes puede haber un mínimo de rentabilidad pero esto no es un negocio al uso», dijo Salud Gil, que indicó que el sector entrará más por compromiso que por hacer negocio.

Salud Gil apuntó a indicadores como la caída en un 88% de las viviendas en el mercado libre y del 90% en la protegida, un descenso del 35% de las transacciones y un 76% menos de hipotecas. «La realidad es tozuda. La demanda es cada vez menos solvente. Nos alejamos de la población. El decreto está justificado igual que nuestro compromiso y no corresponde atacar a este decreto que apoyan muchos ayuntamientos de distinto color político», manifestó.

La colaboración público-privada, clave

El CEO de Visocan, por su parte, destacó durante su intervención que Canarias tiene ante sí «la emocionante oportunidad y la increíble responsabilidad de mejorar la vida de muchas personas». Destacó que desde las administraciones públicas se debe trabajar para ofrecer la seguridad jurídica y la rentabilidad necesarias para que sea una realidad, así como la importancia de la colaboración público-privada.

El problema de la mano de obra también se puso en evidencia. En este punto, Salud Gil abogó por más formación y en caso de que, no haya personal cualificado, importarlo y formar a los inmigrantes. «Hay que dejar de lado muchos complejos», manifestó.

Detalle

  • Gobierno. Rodríguez rechazó las criticas sobre que el decreto es especulativo. «PSOE y NC no tienen argumentos», dijo.

  • Visocan Fernández destacóla oportunidad que tiene Canarais de «mejorar la vida de muchas personas».

  • Constructores. Salud Gil indicó que, aunque la rentabilidad mejora para el promotor, sigue siendo «muy ajustada».

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios