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Paolo Touzzo (i) y Eduardo Sánchez en la sede de CANARIAS7. Cober

«Okuparon mi casa hace 3 años y aún no la hemos recuperado. Esto acaba con la salud de cualquiera»

Paolo y su familia llevan más de tres años sufriendo un calvario que ha causado deterioros en su salud mental, física y económica

Javier Sheng Pang Blanco

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 22 de junio 2024, 22:49

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Desesperación, frustración y enfado son tres sentimientos que comparten las personas que ven como okupan sus casas y no pueden hacer nada por evitarlo, más que esperar a que la lenta justicia haga su trabajo. A poco más de un año de su entrada en vigor, resulta difícil encontrar propietarios que estén satisfechos y se sientan amparados bajo la actual Ley de Vivienda, que lejos de solucionar el problema de las personas con dificultades para acceder a una casa, está dejando desprotegidos a los incontables dueños que han visto su casas okupadas, entrando en un arduo proceso para recuperar sus propiedades.

En el caso de Paolo Touzzo, ese proceso lleva más de tres años siendo un verdadero quebradero de cabeza. Todo empezó cuando, tras atravesar una serie de dificultades económicas, Paolo y familia deciden poner a la venta una casa que siempre les perteneció. Ahí, en parte por «las prisas», decidieron elaborar un contrato de arras en el que las personas que actualmente okupan la vivienda desembolsaron una cantidad superior a 10.000 euros para la reserva, demostrando su potencial económico y su interés para adquirir la propiedad pero, sin embargo, a la hora de formalizar la hipoteca, ésta nunca llegó.

Los potenciales compradores decidieron no pagar y, aprovechando un acto de buena fe por parte de la madre de Paolo, que entregó las llaves sin haber firmando ese documento final, okuparon la vivienda. En ese momento, Paolo automáticamente buscó asesoramiento profesional para ver cuáles eran los pasos a seguir y pronto se dio cuenta de que iba a ser un proceso lento y desesperante.

Más de tres años con su casa okupada

Él y su familia llevan años sufriendo consecuencias económicas y llegando a sufrir problemas de salud

Paolo Touzzo

Recuperó su vivienda en 48 horas

Rompieron la ventana para entrar en su propiedad. Estuvo dos semanas sin conocer la situación

Eduardo Sánchez

Pese a la tentación de intentar recuperar su casa por su propia cuenta, Paolo, consciente de que de intentar entrar en la casa, incurriría en un delito de allanamiento de morada, decidió esperar por la justicia. «No podía hacer de un problema ya bastante grande algo aún peor. Nadie puede entrar en un sitio donde haya enseres personales».

Paolo se entera de las cosas que suceden en la vivienda gracias a la ayuda de vecinos de la zona. Asimismo, indica que la situación es aun más compleja desde que existen menores de por medio, el cual es el caso, haciendo que se ralenticen los juicios. «La justicia acaba tirando más por los menores que por la propia okupación». En la casa de Paolo residen actualmente seis personas, cuatro de ellas menores, y mientras no tiene pruebas fehacientes, hay sospechas de que se está utilizando el garaje de la vivienda como negocio, posiblemente algún tipo de taller y cuyos empleados estarían pagando una mensualidad para también dormir ahí, siendo posiblemente personas en situación de irregularidad.

Tres años después, todo sigue igual y Paolo continúa sin su casa y pagando los gastos de luz y agua de los okupas.

Un perjuicio para su salud

Paolo se abre y explica que en su caso, al tener conocimiento de cómo funciona el sistema judicial y su lentitud, ha llevado todo el proceso «más o menos bien» pero que en cambio, su madre lo lleva «muy pero que muy mal. Ha tenido depresión severa, problemas económicos y en el trabajo. Tuvo que buscarse otro porque nos hemos desplazado prácticamente a la otra punta de la isla a una segunda residencia». Según Paolo, estas son solo algunas de las consecuencias que «minan» la vida de casi cualquier persona y es el caso general de la mayoría de personas que sufren una okupación, «pérdida de dinero, salud mental y física, complicaciones en grandísimos aspectos de tu vida».

Según Eduardo Sánchez, profesional inmobiliario, es capital un cambio en la normativa vigente. «Lo más triste es que los desahucios por impago van mucho más rápido que una desokupación». Propone que se sigan modelos como el de Alemania o el Estado de Florida, en Estados Unidos, en el que si en un plazo de 14 horas los okupas no han sido capaces de demostrar la autoría de la casa, la policía procede al desalojo. «Creo que un modelo así ayudaría bastante a facilitar las cosas. Encima, muchas familias venden por problemas de dinero y por cosas como esta van a más. Están muy jodidos y no hay medidas para ayudarles. Cuando recuperen su casa, necesitarán dinero para reacondicionarla o tendrán que venderla aun más barata, porque se ha desvalorizado».

Un desastre

«Sinceramente, la Ley de Vivienda del año pasado ha sido un verdadero desastre. Antes, el alquiler era difícil, ahora es imposible». Para Eduardo, el principal conflicto es que «se está intentando dar derecho a la vivienda a todo el mundo pero se está yendo contra los propietarios todo el rato. Hay familias que fueron a entrar con su llave y se encontraron la cerradura cambiada. Son situaciones que chocan mucho». Eduardo entiende que haya ayudas a la vivienda y al alquiler y pero considera que «no se está solucionando el problema base que es que no hay vivienda». «Estoy de acuerdo de que cuanta más vivienda para todo el mundo, mejor pero no mientras se la quitas a otra gente que se la ha ganado», agrega.

Ambos afectados denuncian que todos estos conflictos parten de un principal problema que es la falta de vivienda

En el caso de Eduardo, la situación fue algo diferente. Poseedor de una vivienda en una pequeña urbanización en San Fernando, se dio la circunstancia de que una de las casas colindantes se convirtió en un centro de menores. Según Eduardo, tardó dos semanas en enterarse de que habían ocupado su casa y en este caso, afortunadamente para él, se encontró con que eran «personas sin recursos» y sin un estudio previo de la legalidad. «Al final se pudo resolver y nosotros nos organizamos de forma que nada más poner la denuncia la policía vino, hizo sus verificaciones, desalojó y pusimos una alarma».

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