Las medidas tomadas durante la pandemia reducen los embargos hipotecarios en 2022
El Real Decreto-ley firmado por el Consejo de Ministros en diciembre prorroga la suspensión de los desahucios hasta junio de 2023
En 2022 el total de certificaciones de vivienda por ejecución hipotecaria -embargos tras el impago del crédito- en Canarias se situó en 617, lo que supuso un descenso del 48% respecto al año 2021, según los datos de los Registradores de la Propiedad publicados ayer. Tras este recorte, en un ejercicio de subida de los tipos de interés, están las medidas extraordinarias que tomó el Gobierno de España durante la pandemia y que suspendían los desahucios y lanzamientos.
De hecho, los embargos de 2022 son fruto de los años previos a la pandemia. Estos procesos se alargan hasta más de dos años, entre el número de meses de cuotas que han de dejarse de pagar para iniciar un procedimiento; el intento de la entidad por llegar a un acuerdo, y finalmente, la tramitación judicial, según indican fuentes del sector inmobiliario.
En cuanto a los desahucios o daciones en pago, el pasado año sí se produjo un repunte del 68% respecto a 2019, con un total de 459 pero estos procesos son expedientes más largos aún que se remontan hasta 2017, según indican estas fuentes.
Durante el año 2022, el Gobierno Central aplicó medidas con carácter urgente entendiendo que eran necesarias para responder a la situación de los hogares vulnerables, en un contexto marcado por el avance de la pandemia y las consecuencias derivadas de la invasión de Ucrania.
Una de estas medidas contempla la acción coordinada entre los órganos judiciales y los servicios sociales competentes, incluidos aquellos hogares que se vean afectados por procedimientos de lanzamiento de su vivienda habitual, o cuando existan personas dependientes, víctimas de violencia de género o menores de edad a cargo.
Otra de las políticas aplicadas fue favorecer una mayor oferta de vivienda en alquiler a precios asequibles y fomentar la rehabilitación y mejora del parque de vivienda existente, reforzando especialmente la colaboración en estos ámbitos con las comunidades autónomas y las entidades locales, sustentado el proceso en un incremento de la inversión presupuestaria para el año 2023.
La tendencia ascendente de los tipos de interés siguió intensificando el crecimiento en la contratación de nuevos créditos hipotecarios a tipo de interés fijo, alcanzando en el último trimestre de 2022 el 67% del total de los créditos hipotecarios sobre vivienda. En consecuencia, la contratación a tipo de interés variable fue del 30,8%, mínimo de la serie histórica.
Para el año 2023 se espera que esta dinámica se mantenga, especialmente teniendo en cuenta la última subida de tipos de interés anunciada por el Banco Central Europeo a principios de febrero, todo como parte del objetivo para reducir la inflación. Según fuentes del sector, este incremento se verá reflejado en la cantidad de ejecuciones hipotecarias, que deberían volver a subir en 2023.
En los últimos doce meses el crecimiento interanual en la contratación a tipo de interés fijo fue de 8,2 puntos, alcanzando una cuota de mercado del 65%, máximo de la serie histórica, dejando a la contratación a tipo de interés variable en el 35,%, con un 34,1% referenciado a EURIBOR.
10% de los desahucios correspondieron a extranjeros
El 10% de las certificaciones de vivienda por ejecución hipotecaria del año 2022 correspondieron a personas extranjeras, lo que mantuvo los niveles por debajo del porcentaje de compras de vivienda por extranjeros confirmando la menor probabilidad de acabar en una situación de dificultad financiera. El hecho de que las nacionalidades que encabezan la compra de vivienda durante el último lustro correspondan, en su gran mayoría, a países con buenos niveles de renta per cápita ayudó a la consecución de este escenario.
Analizando el total de certificaciones de vivienda por ejecución hipotecaria de extranjeros, las nacionalidades con mayor representación en el último trimestre de 2022 fueron los británicos (12,5%), marroquíes (11%), ecuatorianos (8,7%), rumanos (6,6%), ucranianos (3,58%) y colombianos (3,32%), quedando el resto de las nacionalidades por debajo del 3%.
