Málaga prohibirá nuevos pisos turísticos en 43 zonas de la ciudad desde principios de noviembre

El Ayuntamiento de Málaga da un paso clave para frenar la implantación de nuevas viviendas turísticas en Málaga. El pleno de la semana que viene aprobará una modificación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) que va a suponer la prohibición de registrar nuevos alquileres vacacionales en un total de 43 zonas de la capital que, en función de un estudio realizado, se consideran saturados al superar un 8% de implantación de estos alojamientos en el conjunto de los residenciales. El equipo de gobierno quiere que la aplicación de esa prohibición sea inmediata, sin esperar a que se desarrolle la tramitación de ese cambio del PGOU. Por ello, la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, ha anunciado que la prohibición de nuevos pisos turísticos en las zonas más saturadas (por encima del 8%) se llevará a cabo desde principios de noviembre, con la mera publicación en la Boletín Oficial de la Provincia del acuerdo de aprobación inicial de este expediente.

Según ha apuntado, la normativa permite implantar los efectos de esta limitación de forma cautelar o provisional, aunque no esté aprobada de manera definitiva, durante un año, prorrogable por cuatro más. Así, en la práctica, quedan pocas semanas para que se empiece a aplicar una prohibición cuyos efectos dependen de la gestión que haga la Consejería de Turismo, ya que el registro de un piso turístico se hace por declaración responsable. Por ello, Casero ha admitido que será la Junta la que tendrá que poner en marcha los mecanismos necesarios para que no puedan registrarse nuevos alquileres vacacionales en las 43 zonas saturadas que arroja el estudio realizado por la cooperativa Espacio Común, por encargo de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

Esas zonas son el Centro Histórico, El Ejido, La Merced, Lagunillas, Capuchinos, El Molinillo, el ensanche del Centro, La Goleta, San Felipe Neri, la Trinidad, Conde Ureña, Cristo de la Epidemia, la Victoria, Ventaja Alta, Campos Elíseos, Cañada de los Ingleses, La Malagueta, Perchel norte, plaza de Toros Vieja, El Candado, El Chanquete, playas de El Palo, camino del Colmenar, Peinado Grande, Santa Paula-Miramar, Baños del Carmen, La Viña, Las Acacias, la playa de Pedregalejo, Torre de San Telmo, Pinares de San Antón, Martiricos, Málaga 2000, Torre del Río, Torres de la Serna, Pacífico, Santa Isabel, Tabacalera, Guadalmar, La Cizaña y los diseminados de Puerto de la Torre.

En el resto de barrios de la ciudad seguirá vigente la limitación que aprobó el Ayuntamiento el pasado mes de junio, con efecto retroactivo desde el 22 de febrero, para que se anulen los pisos turísticos registrados desde entonces que no dispongan de un acceso y suministros independientes del edificio residencial en el que se ubiquen.

Urbanismo ya ha remitido a la delegación de la Consejería de Turismo más de 1.500 casos de alquileres vacacionales registrados desde febrero que incumplen este precepto y la Junta ha empezado a notificar a sus propietarios los expedientes de cancelación. No obstante, estos tienen la posibilidad de presentar alegaciones y acudir a la vía judicial para zafarse de esta iniciativa municipal para frenar la implantación de nuevas viviendas turísticas en la capital, donde ya están registradas casi 13.000.

Carmen Casero ha señalado que esta iniciativa está basada en un criterio de «objetividad y proporcionalidad» a raíz del estudio realizado, del que este miércoles se han adelantado algunos datos. Así, los pisos turísticos suponen actualmente casi el 75% de las plazas de alojamiento vacacional ofertadas en Málaga, y en el ámbito del Centro se acumulan el 65% del total.

Además, el estudio destaca que las viviendas de uso turístico tienen una rentabilidad económica «sensiblemente superior al alquiler convencional». Según ha apuntado la edil de Urbanismo, la ocupación media de un piso de este tipo está en el 76%, y ofrece una rentabilidad media de 138 euros por día y ocupante. Asimismo, concluye que «los barrios con mayor presión turística residencial pierden un mayor número de personas y hogares o crecen en menor número de estos»; y que «los precios de alquiler son más altos en los barrios que soportan una mayor presencia de viviendas turísticas», según han informado desde el Ayuntamiento.

Y también se destaca en este trabajo de campo que la reducción del parque de viviendas vacías ha provocado que las de uso turístico se implanten en el parque de viviendas principales, y que existe una mayor dificultad de acceso a la vivienda para los vecinos de las zonas con una mayor proporción de pisos turísticos.

La modificación del PGOU que se va a aprobar en el pleno de este mes, y previamente en la Junta de Gobierno Local de este viernes, divide la ciudad en tres zonas. Una primera de 43 barrios o sectores en la que la implantación de las viviendas turísticas es superior al 8% del parque residencial (por ello no se va a permitir ningún piso turístico nuevo); una segunda de 32 barrios en la que ese nivel de implantación es igual o superior al 4,53% (que es la media de presencia de los pisos turísticos en la ciudad); y una tercera de 296 ámbitos que arroja un ratio inferior a ese 4,53%.

Según ha explicado la concejala de Urbanismo, para las zonas segunda y tercera, el efecto de la modificación del PGOU va a ser el mismo que ya existe con la instrucción del pasado mes de junio. Es decir, para poder operar, tendrán que contar con un acceso y unos suministros independientes del edificio en el que se ubiquen. No obstante, el Ayuntamiento estará vigilante especialmente para comprobar si espacios de la zona 3 pasan a la 2 porque se incremente el porcentaje de pisos turísticos, que será revisado por Urbanismo una o dos veces al año.

Casero ha aclarado que este expediente de modificación del PGOU se va a pasar a la Junta «con una explicación de las zonas en las que no se pueden permitir ni una vivienda turística más». «Esas declaraciones responsables serán nulas y será la Junta la que tendrá que responder a esas altas fraudulentas o no permitidas», ha comentado la concejala, quien ha admitido que desconoce el procedimiento que va a seguir la delegación de Turismo para impedir que se den de alta nuevos alquileres turísticos en las zonas más saturadas. «Me imagino que la Junta establecerá sus procedimientos administrativos para actuar rápido, pero no sé qué mecanismos van a implementar para actuar de manera ágil», ha añadido.