Un informe sitúa a España entre los países europeos con mayor presión inmobiliaria
El documento, elaborado por los servicios de investigación del Consejo Europeo, apunta que los precios de la vivienda han aumentado un 72% en el país en diez años, por encima de la media europea
España es uno de los países europeos con mayor presión inmobiliaria. Es la conclusión que se extrae de un informe elaborado por los servicios de ... investigación del Consejo Europeo, que señala que, en la última década, los precios de la vivienda han aumentado en el país por encima de la media europea, un 72%, mientras que la media de los Estados miembros se sitúa en el 60,5%. Con todo, España se sitúa por detrás de otros países que han experimentado mayores incrementos como Portugal (donde el coste de la vivienda ha aumentado un 147%) o Hungría (237%).
El precio del alquiler también preocupa, sobre todo en ciudades como Madrid y Barcelona, que aparecen citadas en el informe europeo y donde el alquiler consume entre el 30 y el 40% del salario medio. Se mencionan, igualmente, plataformas de alquiler turístico como Airbnb y Booking, que han reducido su oferta a largo plazo en España. El precio del alquiler, las dificultades para comprar un piso y la precariedad laboral, han hecho que los jóvenes españoles se independicen a los 30 años, una de las edades de emancipación más altas de la Unión Europea (UE), junto a Italia y Croacia. Mientras, el país prevé incrementar la construcción de viviendas un 3,2% para este año, en gran medida impulsado por los fondos de recuperación Next Generation.
El documento analiza la crisis de la vivienda en Europa como un fenómeno «estructural», que varía en los veintisiete Estados miembros y estima que -de media- el 19,2% de los ingresos de los hogares europeos se destina a vivienda y que un 10% de los europeos que viven en ciudades gastan más del 40% de su renta en ella. El informe apunta que existe un déficit de oferta de hasta un millón de viviendas, después de que la construcción se frenara durante la crisis financiera de 2007 y la pandemia.
El informe concluye que «no hay una solución única» que se pueda aplicar a todos los Estados de la UE y que la vivienda debe entenderse como «un bien público esencial» y no sólo como un activo financiero.
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