El Gobierno de España «ataca» a las inmobiliarias y anima a evitarlas al alquilar una vivienda
Acegi exige responsabilidades al Instituto de la Juventud por su ataque al sector
La Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria (Acegi) manifiestó en un comunicado su absoluto rechazo al contenido de la publicación 'Juventud con derechos. Guía de los derechos de las inquilinas', editada por el Instituto de la Juventud (Injuve), dependiente del Gobierno estatal.
Desde Acegi denuncian que un organismo público, financiado con «recursos de todos los ciudadanos», haya publicado y difundido un documento que transmite una imagen «gravemente distorsionada, hostil y estigmatizante» de las agencias inmobiliarias y del conjunto del sector profesional.
Bajo una apariencia de guía informativa, esta publicación incurre en «generalizaciones inaceptables y acusaciones directas a los profesionales inmobiliarios, promoviendo desconfianza entre los jóvenes y fomentando la confrontación en lugar del entendimiento y el respeto entre las partes implicadas en un contrato de arrendamiento», comenta la asociación en una nota.
Asimismo, lamentan «profundamente» que en lugar de promover el acceso seguro, legal y garantista a la vivienda, el Injuve se haya prestado a colaborar en una campaña de descrédito al servicio de una determinada ideología política, ignorando por completo el marco legal que rige la actividad de los agentes inmobiliarios, muchos de los cuales operan bajo estrictas obligaciones éticas y profesionales. En especial, en Canarias contamos con un Registro Oficial de Agentes Inmobiliarios impulsado por el Gobierno autonómico, precisamente para reforzar la profesionalidad, la transparencia y la protección del consumidor.
Mejor con un particular
El descontento surge principalmente a raíz de este pasaje del documento, que lee: «siempre es más conveniente alquilar directamente con un particular porque evitarás las agencias intermediarias que, de forma generalizada, velan solo por sus intereses propios y del casero».
Desde Acegi se cuestionan si esta debe ser la función de un organismo público: «fomentar el prejuicio, el enfrentamiento y la desconfianza hacia una actividad regulada legalmente? ¿Es esta la manera de educar a los jóvenes en sus derechos: señalando a un colectivo profesional como presuntos defraudadores, cobradores ilegales o cómplices del abuso?».
Por ello, exigen una rectificación inmediata y pública por parte del Instituto de la Juventud, así como la retirada o modificación del contenido difamatorio incluido en dicha guía.
Al mismo tiempo, solicitan al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, del que depende el Injuve, que depure responsabilidades por este ataque institucional contra un sector que cumple una función clave en el acceso legal y seguro a la vivienda.
En Acegi reafirman su compromiso con la profesionalidad, la formación continua y la defensa de los derechos de consumidores e inquilinos, dentro del marco legal vigente. «No toleraremos que se utilice a las instituciones públicas para criminalizar injustamente nuestra labor. Por una vivienda digna, sí. Por la difamación desde lo público, no».
