Canarias ya ha puesto en marcha más del 50% de viviendas públicas previstas para esta legislatura

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias sigue avanzando con paso firme en sus esfuerzos para aliviar la emergencia habitacional que sufren las islas.

El consejero titular del área, Pablo Rodríguez, anunció ayer que los instrumentos puestos en marcha por la Consejería desde el la declaración de la emergencia habitacional han permitido que ya haya en fase de redacción de proyectos o construcción «más de 2.500 viviendas» en toda Canarias, un número que según palabras de Rodríguez, es «histórico» si se compara con los últimos 10 ejercicios.

Una cifra que anima a la consejería a seguir en la línea de implicar a las administraciones públicas en la construcción de vivienda pública «insistiendo en la necesidad» de que los ayuntamientos y los cabildos cedan suelo público, participando en su gestión y facilitación «para seguir construyendo vivienda pública en Canarias como nunca», expresó Rodríguez.

Asimismo, comentó que el Decreto Ley de medidas urgentes en materia de vivienda también planteaba instrumentos para facilitar la construcción especialmente de vivienda protegida por la iniciativa privada y la tan estimada colaboración público-privada, siendo fundamental para seguir sacando viviendas asequibles al mercado.

La Consejería liderada por Rodríguez, a través de Visocan rubricó ayer un convenio de colaboración con la Asociación de Gestoras de Viviendas (AGV) por el que ambas entidades se comprometen a la construcción de viviendas en régimen de cooperativa en Canarias.

En este sentido, Rodríguez indicó que «la emergencia habitacional que se vive en las islas hace especialmente importante este tipo de iniciativas, que se suman a la batería de medidas que el Ejecutivo y la empresa pública Visocan están implementado para el fomento y la promoción de viviendas».

A su vez, resaltó que la novedad de esta iniciativa se encuentra en que los promotores son organizaciones sin ánimo de lucro, formadas por individuos que se unen para resolver la necesidad común de acceder a un hogar de calidad a precios asequibles.

Según Rodríguez, este modelo no solo permite que los propios ciudadanos participen directamente en la creación de sus viviendas, sino que también ofrece «precios más asequibles» en comparación a las promociones privadas y lo «más importante», con plenas garantías jurídicas ya que la Ley de Sociedades Cooperativas de Canarias ya recoge un marco legal sólido que ofrece plenas garantías a los ciudadanos que elijan este modelo», recalcó.

Por último, recordó que la vivienda en cooperativa también puede ser vivienda protegida, siendo esto «otra oportunidad» para que las personas con dificultades para acceder a una vivienda en el mercado libre tengan un doble abaratamiento ya que no solo se está reduciendo el precio por ser vivienda cooperativa sino por el límite de precios que tienen las viviendas públicas.

Para Francisco Javier Sevilla, secretario de AGV, este convenio representa un «paso significativo hacia un modelo más accesible y colaborativo que busca responder a la demanda social de viviendas protegidas a través de una colaboración público-privada».

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