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Los expedientes de autorización y descalificación de VPO se acumulan en el Instituto Canario de Vivienda sine die para desesperación de compradores y vendedores. Los retrasos, de más de seis meses, están frenando numerosas operaciones. Ha habido casos, incluso, de vendedores que han perdido sus viviendas, embargados por la banca, ante la imposibilidad de cerrar la venta pese a tener un comprador porque se eternizaban los procesos. El perjuicio para ellos ha sido enorme: hoy no tienen casa pero siguen pagando la deuda que en su día contrajeron con el banco.
«La situación es insostenible», aseguran fuentes cercanas, que achacan los retrasos a la falta de personal. «Ha habido jubilaciones y no se ha sustituido al personal. Los funcionarios que quedan tienen muy buena voluntad pero son incapaces de sacar todo el trabajo. Hay un embudo para firmar tanto en Gran Canaria como en Tenerife y el problema son las personas perjudicadas que hay detrás», indican.
Según señalan, hasta el Gobierno de Canarias es uno de los perjudicados con esta situación puesto que está dejando de ingresar miles de euros en recaudación de impuestos. «En una operación de venta de una vivienda media, con un precio de 100.000 euros, el Gobierno de Canarias recauda en torno al 5%. Eso son 5.000 euros», indican.
Otras fuentes vinculadas afirman que los problemas en la tramitación de los expedientes de VPO se arrastran desde hace muchos meses. «Cuando se rompió el pacto de Gobierno en diciembre y se produjeron los cambios, durante mes y medio no se firmó un solo expediente. Eso empeoró aún más la situación», denuncian. Se quejan de que quien firma los expedientes es la directora del Vivienda, María del Pino León, que viene a Las Palmas «cada jueves». «Lo que no se hace se queda pendiente para la siguiente y así se demora y se acumulan nuevos expedientes», manifiestan.
Al problema de los retrasos se suma la complejidad de los trámites y que, según estas fuentes, impiden que un ciudadano pueda realizar por sí mismo la venta de su vivienda. «Está obligado a recurrir a un profesional inmobiliario y muchos de ellos huyen de estas operaciones porque dan mucho trabajo y quebradero de cabeza. Hay que dar mil vueltas en la burocracia», dicen.
Para ser comprador, por ejemplo, además de tener que aportar numerosa documentación es obligatorio estar inscrito como demandante de VPO «y eso es un proceso largo». En el caso del vendedor, entre otros trámites, hay que solicitar la viabilidad de la venta y aportar datos de las ayudas recibidas, entre otras cosas. Hasta dos años puede demorarse el proceso. «Es un auténtico martirio vender una VPO», afirman.
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