Con números de récord y en fase de revisión

El Día Internacional del Turismo llega en un momento en que el negocio ofrece en Canarias, como en el conjunto del país, dos caras: por un lado, galopando hacia otro récord anual en llegada de visitantes y en volumen de facturación y, por otro, con el debate abierto sobre la reorientación del negocio, su impacto social y, en particular, si hay que limitar o no la modalidad del alquiler vacacional. Los números cantan: España recibió en julio 10,9 millones de turistas internacionales, un 7,3% más que en el mismo mes de 2023; en los siete primeros meses de 2024 el número de turistas que visitaron España aumentó un 12,0% y rozó los 53,4 millones.

Reino Unido fue el principal país de residencia de los turistas que llegaron a España, con más de 2,0 millones de turistas y un aumento del 2,6% respecto a julio de 2023. De Francia llegaron 1,6 millones (un 3,4% más) y de Alemania 1,2 millones (un 6,6% más).

La duración de la estancia mayoritaria entre los turistas fue de cuatro a siete noches, con casi 5,2 millones y un aumento anual del 7,5%. El número de visitantes se incrementó un 10,6% entre los que no pernoctan (excursionistas) y un 8,3% entre los turistas con mayor duración (más de 15 noches).

Más de 8,0 millones de turistas viajaron sin paquete turístico en julio, un 5,5% más. Con paquete turístico llegaron más de 2,8 millones, un 12,7% más.

Baleares fue el primer destino principal de los turistas en julio, con el 23,4% del total. Le siguieron Cataluña (22,1%) y Comunitat Valenciana (13,6%).

En el acumulado de los siete primeros meses de 2024 las comunidades que más turistas recibieron fueron Cataluña (11,5 millones y un aumento del 10,5% respecto al mismo período de 2023), Illes Balears (8,7 millones y un incremento del 7,0%) y Canarias (8,7 millones, un 10,3% más). Los números de Canarias son espectaculares, sobre todo teniendo en cuenta que arranca en breve una campaña de invierno que es la temporada alta en las islas, con unas previsiones muy optimistas de los empresarios en llegadas y facturación hasta concluir este 2024.

En ese escenario, el Gobierno de Canarias sigue adelante con la revisión de una de las actividades que más ha crecido en los últimos años y que también más controversia general: el alquiler vacacional.

La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias presentó este mes de agosto el anteproyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Vivienda que, tras el periodo de alegaciones, flexibiliza los requisitos que se exigen a las viviendas vacacionales, pero sin renunciar a su objetivo de limitar el crecimiento de esta modalidad alojativa.

La consejera, Jessica de León, destacó que se trata de una ley equilibrada que «va a permitir que esta actividad se haga de manera sostenible, beneficiosa y adaptada al territorio».

Asimismo, señaló que «da a los cabildos y ayuntamientos un marco legal claro para que puedan adaptar la normativa a las características de sus islas y municipios y ofrece seguridad jurídica, conjugando los intereses de los pequeños propietarios con el interés general».

La visión de la patronal del sector, agrupada en Ascav, es muy diferente. Acusa a Turismo de buscar la liquidación de esa modalidad alojativa por la vía de una regulación muy exigente y que, en la práctica, sacará del mercado a numerosos inmuebles.

El anteproyecto de ley recibió casi 3.000 alegaciones en el trámite de audiencia y periodo de información pública, lo que ha llevado a la Consejería a flexibilizar algunos de los requisitos que se les exigían a las viviendas vacacionales, pero manteniendo los objetivos y la columna vertebral de la redacción inicial.

Con los cambios introducidos, «la superficie útil mínima del uso turístico de vivienda se rebaja de 39 a 25 metros cuadrados», subrayó la consejera.

Además, en estos casos, se permitirá el uso turístico si el inmueble dispone de aparcamiento de uso vinculado a la vivienda vacacional en la misma parcela, piscina privada o comunitaria, certificaciones de sostenibilidad, cargador de vehículo eléctrico o bien, su propietario certifica la generación de empleo.

«El planeamiento urbanístico, que es competencia municipal, podrá definir también un requisito que incida en la realidad local, por ejemplo, una vivienda vacacional vinculada a un guachinche, a una bodega o a una explotación ganadera, entre otros», indicó De León.

Con carácter general, la norma elimina la obligatoriedad de disponer de puntos de recarga para vehículos eléctricos y el acceso por vía pavimentada, requisitos que se establecerán a través de un reglamento que desarrollará la propia Consejería. «Eso sí, es irrenunciable la accesibilidad e inclusividad que establece el Código Técnico de la Edificación (CTE)», recordó.

El director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, explicó que «los cabildos y ayuntamientos deberán elaborar un plan de inspección de viviendas vacacionales en un plazo máximo de seis meses y ejecutarlo en cuatro años».

En este sentido, las instituciones insulares verificarán y atenderán las declaraciones responsables de turismo y las entidades locales controlarán desde el punto de vista de las actividades clasificadas. «En ambos casos son funciones que ya tienen otorgadas, no son nuevas», señaló.

Otra novedad que incluye la norma es la relativa al régimen transitorio. En concreto, los pequeños propietarios podrán consolidar el uso con carácter indefinido siempre y cuando acrediten el cumplimiento de toda la normativa. En este punto, Rodríguez hizo hincapié en que «el derecho no es transmisible, si se vende o se abandona la actividad, la vivienda se someterá a la nueva ley».

Para las empresas que gestionan viviendas que no son de su propiedad, sino de un tercero, se establece un periodo de cinco años, «pasado este tiempo se extinguirá la declaración responsable y tendrán que volver a solicitarla atendiendo a los criterios de la nueva ley», afirmó.

Con esta futura normativa, el Ejecutivo autonómico regulará por primera vez por ley el alquiler vacacional. La previsión es remitirla al Parlamento en octubre. De salir adelante, entraría en vigor antes de enero.

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