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Silvia Fernández y Silvia Fernández Las Palmas de Gran Canaria
Martes, 16 de enero 2018, 11:18
Homeaway ha emprendido una campaña de captación de viviendas en el sur de Gran Canaria sin atender a la prohibición actual, recogida en el decreto del alquiler vacacional 113/2015, de 22 de mayo, del Gobierno de Canarias y que prohibe expresamente el alquiler vacacional en las zonas turísticas del Archipiélago.
Es cierto que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias tumbó en abril del pasado año varios artículos del mencionado decreto, entre ellos, esa prohibición pero el Gobierno de Canarias recurrió y hasta que haya respuesta las zonas turísticas siguen excluidas del vacacional.
En su campaña de captación, Homeaway ha remitido cientos de cartas a propietarios de viviendas, muchos de ellos de complejos turísticos, en los que les anima a unirse a la plataforma. «Publique su anuncio y empiece a disfrutar de las ventajas de ser uno de nuestros propietarios», se indica en la postal, en la que destaca tres ventajas en caso de hacerlo: visibilidad internacional, tranquilidad total y control.
Homeaway resalta la posibilidad de conseguir elevados ingresos gracias a la plataforma. «Únase al líder mundial en alquileres vacacionales y empiece a aumentar ingresos», apunta.
Tras conocer el envío de cartas por parte de esta plataforma on line del alquiler vacacional a propietarios del Sur, el presidente de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos de La Provincia Las Palmas (Aeat) y vicepresidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, Tom Smulders, rechazaron este «intrusismo» que va contra el destino turístico. Esta propaganda, que parte dicha plataforma internacional y que se repite en otros negocios «incitan a infringir la regulación existente» lo que atenta contra «los profesionales que defienden su gestión turística legal»,dijo Smulders. A su juicio, el problema radica en que aparentemente «estas plataformas no tienen norma interna» ni garantizan «el estatus legal de la oferta de alojamiento turístico», lo que perjudica «al control de los alquileres y a la seguridad del visitante» ya que no existe «comprobación del gestor de la plataforma de la oferta” ni “de la exigencia de una base legal» en dichos alojamientos.
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