Los hoteleros reclaman revisar el registro de viajeros más allá de que el Estado lo posponga

El presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (Feht), José María Mañaricua, aplaudió ayer la decisión del Gobierno de España de retrasar hasta el 2 de diciembre la entrada en vigor del nuevo registro de viajeros, previsto en un real decreto del año 2021 y que se ha ido posponiendo. Sin embargo, considera, que el asunto no se resuelve retrasando la entrada en vigor del registro sino revisándolo para limar los aspectos que lo hacen inviable y ponen en un brete al sector.

Mañaricua llama al Gobierno de España a una revisión de ese registro, de forma que el sector turístico soliciten al viajero los datos «estrictamente necesarios» para garantizar la seguridad del destino pero sin dificultar el trabajo de los negocios del sector.

«El sistema debe estar automatizado para que los datos lleguen de forma rápida y sencilla a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para garantizar la seguridad del destino y para eso no son necesarios datos como el grado de parentesco de los viajeros», manifiesta Mañaricua, que coincide plenamente con lo apuntado por la Confederación Hotelera nacional (Cehat), a la que pertenece.

La Cehat ha expresado su desacuerdo con la solución propuesta, subrayando que no se trata de una cuestión de tiempo de adaptación tecnológica, sino que es necesaria una revisión profunda del contenido del Real Decreto 933/2021. Para ello reclama que se escuche a las partes involucradas.

La patronal hotelera española manifiesta que, desde hace tres años, el problema de esta polémica norma no atiende a una cuestión de plazos o adaptación a la tecnología, sino que, como llevan tiempo apuntando los hoteleros, las principales preocupaciones del sector al respecto atienden a cuestiones como la incompatibilidad del texto con la normativa de la Unión Europea, la inseguridad jurídica y la imposibilidad de su cumplimiento al carecer de la concreción y claridad necesarias para evitar vacíos legales. Además, advierte de la la desventaja competitiva que generaría la nueva normativa en el mercado nacional y europeo y a que a supondría una carga administrativa desproporcionada para los trabajadores del sector turístico, entre las principales razones.

«Esta norma ha de ser revisada en profundidad, para que se tenga en cuenta la forma en que se desarrolla la actividad turística y, conociendo su operativa, se desarrollen propuestas viables que proporcionen seguridad jurídica tanto a los viajeros como a las empresas obligadas. Todo ello, con la garantía de que no suponga una pérdida de competitividad para España y una carga administrativa incomprensible e inadmisible para el sector», subraya Jorge Marichal, presidente de CEHAT.

En este sentido, Marichal agradece el intenso trabajo conjunto que se está llevando a cabo tanto desde el sector en Europa como por parte de todos los integrantes de la Comisión de Turismo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), en colaboración con las demás patronales turísticas españolas, como representantes del sector turístico en nuestro país. «Llevamos años trabajando codo con codo para intentar que este asunto llegue a buen puerto y redunde seguir contribuyendo a la mejora del sector y en afianzar aún más la seguridad de nuestro país».

«Cehat, que representa a representa a más de 16.000 establecimientos con un total de 1.800.000 plazas repartidas por toda España, reclama, por tanto, un diálogo constructivo con el Ministerio del Interior -que no ha tenido lugar en el último año- y lamenta que se ha hecho caso omiso a todas las propuestas realizadas. Esto, tal y como apunta la patronal, ha generado una preocupante sensación de imposición de una norma, a sabiendas del caos que iba a producir si definitivamente se hubiera puesto en vigor.

Por último, Cehat manifiesta su deseo de contribuir a colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para afianzar la seguridad de España -piedra angular del liderazgo turístico del país-, tal y como ha venido haciendo desde los inicios de esta actividad, e incide en su intención de trabajar por un nuevo marco de relación con el Ministerio del Interior, que elimine los problemas creados por este polémico Real Decreto y que permita continuar la senda del desarrollo y la contribución positiva de la actividad del hospedaje en nuestro país.

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