La lucha contra el coronavirus

El impacto de la crisis será mayor en Canarias por el turismo

07/04/2020

La agencia S&P Global ha alertado este martes de que las regiones españolas con un elevado peso del sector turístico, como Canarias y Baleares --y Cataluña, Andalucía y Valencia en menor medida-- tendrán que hacer frente a un impacto económico mucho mayor por la caída de la recaudación de impuestos en 2020.

"El impacto dependerá de la duración de la crisis y en particular de si afecta total o parcialmente a las vacaciones de verano", señala la calificadora.

Además, sostiene que la pandemia de coronavirus, que arrastrará este año a la recesión a España, con una caída del PIB del 2,1%, provocará el deterioro presupuestario de las regiones españolas como consecuencia principalmente del incremento del gasto sanitario, transferido a las comunidades autónomas, y una menor recaudación, aunque la agencia descarta "cualquier riesgo de liquidez a corto plazo" para las regiones gracias al apoyo del Gobierno central y a su capacidad de emitir deuda en los mercados.

"Esperamos que la crisis afecte a las regiones principalmente a través del deterioro en las métricas presupuestarias para el año, debido a unos ingresos más bajos de lo previsto y un salto significativo del gasto en atención médica. Sin embargo, entre el acceso a financiación del Gobierno central y la capacidad de emitir directamente en el mercado, no esperamos riesgos de liquidez a corto plazo para las regiones", señala la calificadora de riesgos.

En su análisis, la agencia destaca que las regiones de régimen especial sufrirán de manera inmediata el impacto adverso de la crisis del coronavirus sobre los ingresos, mientras que en el caso de las comunidades autónomas sujetas al régimen común este efecto negativo será visible en mayor medida en 2022 como consecuencia de las particularidades del sistema de financiación autonómico.

En este sentido, S&P Global circunscribe un primer impacto negativo en los ingresos para las regiones del régimen común en la recaudación de impuestos propios, que suponen alrededor del 14% de sus ingresos operativos, siendo los más vulnerables los vinculados a transacciones inmobiliarias, así como los ligados a tasas por servicios públicos como consecuencia de la caída de la demanda.

No obstante, el 86% restante de los ingresos operativos de las regiones de régimen común proviene del sistema de financiación, por el que cada una percibe por adelantado anualmente los recursos en función de estimaciones sobre la recaudación de impuestos como el IVA o el IRPF en su territorio a lo largo del ejercicio que serán ajustados dos años después al alza o a la baja.

"Por tanto, la probable reducción abrupta de la recaudación del IVA, el IRPF o de impuestos especiales en 2020 no debería tener un impacto inmediato en los recursos de estas regiones durante el año. En cambio, el sistema generará una gran liquidación negativa en 2022, lo que significa que las regiones tendrían que devolver fondos al Gobierno central", advierte S&P.

No obstante, la agencia recuerda que habitualmente el Gobierno central adopta un posición de apoyo y, mientras que realiza las transferencias positivas de forma completa en el mes de julio del año correspondiente, cuando se registran saldos negativos ha permitido a las regiones su reembolso anual en un periodo de 20 años. "Esperamos que adopte una postura similar ante cualquier liquidación negativa en 2022, aliviando el impacto en las cuentas regionales de ese ejercicio", señala S&P.

Régimen especial.

En contraste, aquellas regiones de régimen especial soportarán de forma inmediata el impacto negativo de la pandemia en sus ingresos al ser responsables de la recaudación de sus impuestos, aunque la agencia destaca que estas comunidades son precisamente las más solventes de España y no cree que necesitasen ningún apoyo por parte del Estado para cumplir con sus obligaciones financieras, aunque esta posibilidad está a disposición de las regiones y S&P piensa que en caso de necesidad harían uso de la misma.

Sin embargo, la calificadora de riesgos advierte de que recurrir a la asistencia financiera del Gobierno central sería incompatible con los ratings actuales asignados a estas regiones, que se sitúan por encima del rating soberano de España.

En conjunto, los analistas de S&P anticipan que, a pesar de los mayores ingresos percibidos del sistema de financiación en 2020, las presiones sobre los gastos llevarán al empeoramiento del desempeño operativo de las regiones en el presente ejercicio, lo que dará como resultado déficits operativos, aunque confía en que el impacto se compensará en parte por la reducción de gastos no esenciales y el recorte de inversiones ejecutadas.

"En caso de que la crisis sea de corta duración, esperamos que el desempeño regional mejore significativamente en 2021, ya que los ingresos de los impuestos propios recuperarían gradualmente sus niveles anteriores, y la presión de los gastos sanitarios excepcionales disminuye", apunta la agencia, advirtiendo de que este pronóstico está sujeto a un alto grado de incertidumbre.

Liquidez.

En cuanto al acceso a financiación, S&P apuesta por que el Gobierno central mantendrá durante este periodo de incertidumbre la disponibilidad de las facilidades de liquidez establecidas en 2012, mientras que las regiones españolas con acceso a los mercados de capitales siguen encontrando hasta la fecha una amplia demanda en los mercados a sus emisiones.

Además, la agencia considera que el nuevo programa de compras de emergencia por el coronavirus (PEPP) lanzado por el Banco Central Europeo (BCE) representa un apoyo significativo a las necesidades de financiación del sector público relacionadas con la pandemia.

Sin embargo, S&P espera que aquellas regiones españolas que estaban planeando su retorno a los mercados este año optarán en su lugar por recurrir a financiación bancaria o recurrirán las facilidades de liquidez del Gobierno central.

Asimismo, mientras que la financiación esté disponible, la agencia anticipa que muchas regiones ampliarán sus líneas de crédito con bancos nacionales como medida de precaución ante el incremento de los gastos sanitarios, a pesar de que el Gobierno central sigue preparado para apoyar a las regiones y mitigar los riesgos relacionados con el brote vírico.