Las aerolíneas prevén un verano «récord» para Canarias

La temporada de verano, que transcurre entre los meses de abril y octubre se presume muy positiva para el archipiélago canario, con 31,2 millones de asientos programados, siendo una de las tres comunidades autónomas que más aumenta respecto al 2019, con un 7,8%, por el 8,2% de Andalucía y el 7,4% de Baleares.

Así lo anunció ayer la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) en una conferencia de prensa realizada en la sede de la CEOE en Madrid. Allí, su presidente, Javier Gándara, comunicó que el transporte aéreo ya camina hacia su recuperación definitiva en España, que este verano tiene un total de 219 millones de asientos programados, lo que representa un 3% más que los que se operaron en el verano de 2019.

Sin embargo, Gándara, especificó que estos datos siempre están sujetos a modificaciones a lo largo de la temporada y, además, subrayó que es necesario tener en cuenta el factor de ocupación de dichos vuelos, aunque se espera que estén al 83%, tan sólo un 2% por debajo de los niveles del verano de 2019.

En el primer trimestre del año, el tráfico aéreo español registró datos por encima de los niveles prepandemia, con unos porcentajes de crecimiento del 2,1% en enero, 2,2% en febrero y en un 0,6% en el mes de marzo.

El presidente de ALA indicó que «a pesar del momento de crisis económica que vivimos, los datos están demostrando las ganas que tienen los pasajeros de viajar y esperamos que este verano marque ya la recuperación definitiva de un sector que se ha mantenido robusto y capaz de superar las dificultades ocasionadas por la pandemia».

Gándara también resaltó los grandes retos a los que se enfrenta el tráfico aéreo español para esta temporada de verano. En primer lugar, destacó la congestión del tráfico provocada por las huelgas generales en Francia, que afectan al control aéreo, provocando retrasos y congestión en todos aquellos sobrevuelos que deben atravesar el espacio aéreo galo. España es, después de la propia Francia el país más afectado por este paro, pese a que el 88% de los vuelos afectados no tenían ni origen ni destino en Francia.

Desde ALA recalcan la necesidad de que la Comisión Europea exija a Francia que blinde estos sobrevuelos, protegiendo a los pasajeros. Según un informe publicado por Eurocontrol, el impacto de esta huelga se estima en un coste de 8 millones de euros de media al día por cancelaciones y otros 6 millones adicionales por retrasos para todas las compañías aéreas europeas. En total, 476 millones de euros en sobrecostes y por los 34 días de movilizaciones entre el 1 de marzo y el 9 de abril.

Adicionalmente, según el mismo informe, los retrasos y desvíos provocados por la huelga han causado la emisión de más de 1.200 toneladas de CO2 extra al día, con su consiguiente impacto sobre el medioambiente. En este sentido, Gándara añadió que «las emisiones adicionales generadas solamente en un mes de huelga equivalen a la cuarta parte de las que se estima que se ahorran en un año entero por la prohibición de vuelos cortos que recientemente ha implementado al cabo el Gobierno francés. Si realmente existe preocupación por el medioambiente no se entiende que no se tomen medidas como la propuesta urgentemente.

Gándara indicó que los efectos de estos paros están impactando aún más en España, ya que el espacio aéreo francés es un lugar de paso casi obligado para las conexiones con el resto de Europa.

Desde ALA urgen al Gobierno de España a apoyar la recuperación del sector mediante una serie de medidas, entre las que se encuentra exigir a Francia que proteja los sobrevuelos mediante servicios mínimos, tal y como se hace en España e Italia. También, ven «fundamental» seguir adelante con el proceso de liberalización de torres de control, en donde esperan que «Enaire se pueda presentar a este proceso de competencia por el mercado».

Por otro lado, creen que es importante unirse a la Alianza para la Sostenibilidad del Transporte Aéreo, de forma que sector público y privado trabajen conjuntamente en la hoja de ruta hacia la descarbonización y evitar la imposición de un impuesto al queroseno, que tendría un efecto desproporcionado sobre el turismo y la conectividad en España, especialmente en las regiones con más peso del turismo como Canarias, Andalucía o Baleares.

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