Canarias meterá mano a los centros comerciales en declive al fin en la reforma de leyes turísticas

Durante los últimos años, los empresarios turísticos han hecho fuertes inversiones para modernizar la planta alojativa de sus hoteles y apartamentos, trabajando en ofrecer un producto que eleve la calidad de Canarias como destino. Un esfuerzo en el que en su opinión, no ha contado con el apoyo de las administraciones públicas, que no están cumpliendo con su parte en la renovación de los espacios públicos que rodean estos establecimientos turísticos, ya sea centros comerciales, parques, lugares de ocio y restauración, entre otros.

La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jessica de León anunció ayer que la remodelación de estas áreas y la recualificación de la planta alojativa obsoleta de las zonas turísticas será una parte importante en la regulación del nueva ley turística y que en las cinco mesas de debate que se celebrarán la próxima semana para avanzar en esa normativa habrá que «reflexionar» cómo se puede incentivar a la inversión privada de los centros comerciales y como conseguir aglutinar a los propietarios de unos espacios que están «muy atomizado» para ganar en calidad y competitividad dentro del destino turístico que es Canarias.

En esa línea, los siete cabildos y la Consejería de Turismo del Gobierno regional firmaron esteviernes un convenio de cooperación sobre infraestructuras turísticas que permitirá adaptar esa estrategia común de renovación a las necesidades y prioridades de cada isla.

Serán los distintos cabildos junto con sus municipios los encargados de presentar a la Consejería de Turismo los proyectos que quieran llevar a cabo para mejorar sus infraestructuras turísticas, por lo que cada cabildo tendrá un convenio propio para decidir su modelo turístico. El objetivo es que cada isla vaya presentando sus iniciativas antes de final de año para que quede incluido en el presupuesto de la comunidad autónoma de cara a 2026. Por el momento, La Gomera es la única isla que tiene ya aprobados por su Consejo de Gobierno cuatro proyectos de mejora de infraestructuras por un valor aproximado de 25 millones de euros por cuatro obras.

Dentro de esos convenios individualizados se detallará la relación de las obras que se van a incluir en el acuerdo, el estado en el que se encuentra tal obra, si cuenta con todos los permisos, si tiene disposición de suelo o no o si por el contrario, tiene que partir desde cero con la redacción de todo el proyecto o si ya está todo preparado para obtener la dotación presupuestaria.

Al no estar cuantificadas cuántas obras se van a llevar a cabo ni su consecuente coste, no hay definida una ficha financiera, que es a los que «estamos acostumbrados», mencionó de León. LO que sí detalló es que la Consejería cuenta con aproximadamente 142 millones de euros hasta el año 2027 para proyectos de sostenibilidad turística y cohesión territorial.

La titular de turismo también indicó que la rigidez en los plazos para sacar adelante estas infraestructuras ha hecho que en muchas ocasiones, cuando se deriva financiación a las administraciones locales para realizar esas obras, el proyecto está en una fase muy embrionaria y no cuenta con el suelo ni un proyecto definido por lo que a menudo se vence la subvención sin haber iniciado las adjudicaciones, teniendo que devolver las administraciones ese importe con intereses.

Por ello, ahora, el Gobierno canario solo activará la financiación uno vez los trámites estén avanzados. De León aclaró que la Consejería no puede acarrear todo su peso por lo que muchos de los proyectos estarán cofinanciados con los cabildos.

Como parte de esta estrategia el espacio turístico no solo abarcará las zonas donde se alojan los turistas, poniendo en primer plano las necesidades detectadas en el territorio, considera las perspectivas de las administraciones públicas, tanto municipales como insulares, y de los empresarios turísticas, aseguró la consejera.

De León expresó también que el Ejecutivo regional siempre ha sido «defensor de una ecotasa» pero no de un ecoimpuesto, ya que este no tiene carácter finalista y no ayudaría a mejorar o conservar un espacio específico, en relación a la propuesta de establecer un impuesto que grave las pernoctaciones por parte su socio de Gobierno en el Cabildo de Tenerife, Coalición Canaria.

En su exposición, citó que este impuesto no contribuiría a un reparto de la riqueza ni a contribuir a mejorar el destino y puso de ejemplo el impuesto a los residuos, por el que pese a que se recaudan centenares de millones de euros, la Consejería de Transición Ecológica no gestiona ni un solo céntimo y por tanto, no los usa para mejorar la gestión de los residuos en el archipiélago.

Además, dichos impuestos no pueden exceptuar a los residentes y que de aplicar el mismo sistema que Baleares o Cataluña, los canarios tendrían que pagar. «Somos un mercado muy importante para todas las islas y cobrando estaríamos penalizando ese modelo de elegir Canarias por encima de otros lugares de España».

A juicio de la consejera, el debate sobre la fiscalidad turística debe producirse en el marco del debate sobre la futura ley de ordenación turística de Canarias.

Respecto a la capacidad de las corporaciones locales y los cabildos para establecer tasas a la actividad turística, la consejera recordó que la ecotasa establecida por el Ayuntamiento de Mogán está pendiente de resolverse en los tribunales, por lo que avisó de que sería conveniente ser «bastante cautelosos» a la hora de promover cualquier tasa o impuesto hasta que no hay un pronunciamiento judicial al respecto», expuso la consejera.

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