La Ascav pide a los grupos políticos que piensen en las familias cuando voten la ley del vacacional
La asociación defiende que su aprobación supondría un «mazazo» para todos los pequeños propietarios que usan esta renta para mejorar su poder adquisitivo
La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) acudió este miércoles a Comisión Parlamentaria en un nuevo intento por frenar el proyecto de ley de vivienda vacacional, que comenzó su camino hace dos años y cuya aprobación supondría un «mazazo» para todos los pequeños propietarios de vivienda vacacional.
Durante su ponencia inicial, el vicepresidente de Ascav, Javier Valentín, solicitó a los grupos parlamentarios que se lo piensen dos veces antes de una normativa que no es más que «una ayudita para beneficiar a los de siempre» y que claramente va en contra del interés de miles de familias canarias y no va a solucionar el problema de la vivienda vacacional, que admitió, «es necesario regular» pero no de esta forma.
En respuesta al comentario del diputado de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) sobre que todos las partes involucradas tendrán que «ceder» para llegar a un acuerdo y que la normativa se apruebe desde el consenso, el vicepresidente de Ascav dijo que en este momento, la norma no cuenta con «ningún tipo de consenso» tal y como han expuesto no solo desde Ascav, sino desde la Federación Canaria de Municipios (Fecam) como del Consejo Económico y Social (CES), entre otros.
En la misma línea, señaló que configurar la vivienda vacacional como una actividad económica, provocaría que miles de propietarios, cuya mayoría son trabajadores por cuenta ajena o pensionistas tuvieran que hacerse autónomos, quedando así fuera de esta regulación. Valentín incidió en que estos dos colectivos ya declaran sus ingresos de «forma pertinente» a través de los rendimientos del capital inmobiliario.
El aniquilador
Valentín aprovechó el escenario para cargar duramente contra el que considera, es el principal «aniquilador» de la vivienda vacacional en Canarias, su nombramiento como actividad clasificada. Una ley que asegura, se formuló en 2011 cuando la actividad vacacional ni siquiera estaba en el mapa y que está pensada para los complejos hoteleros y extrahoteleros, no para las viviendas vacacionales.
Esta distinción, con la que se ven obligadas a cumplir las viviendas vacacionales ya operativas, supone según Valentín una «clara discriminación» respecto a las nuevas altas, que solamente necesitan presentar una declaración responsable para poder iniciar la actividad, algo que va a tener «gran repercusión» especialmente en las islas verdes, donde la inmensa mayoría de viviendas vacacionales no están dadas de alta como actividad clasificada, por lo que se «quedarán expulsadas».
70.000 Efecto llamada
Viviendas vacacionales están dadas de alta ahora mismo en Canarias, de las cuáles solo 48.000 se encuentran ejerciendo la actividad. Un auténtico «efecto llamada» que según las Ascav, ha utilizado el Gobierno para justificar una ley desproporcionada.
Sobre la consolidación de uso de las viviendas ya existentes, denunció que esta consolidación solo es aplicable a aquellos propietarios que sean a su vez explotadores de las mismas quedando las empresas a las que se les cedió la explotación sin acogerse a esa consolidación. «No sé que han hecho de malo unas empresas que crean puestos de trabajo y pagan impuestos para que la norma les castigue», expuso el vicepresidente de la patronal.
Transmisión de la propiedad
Otro de los factores que Ascav afea de la elaboración del proyecto de ley es la prohibición de transmitir la declaración responsable por título de herencia, considerando «injusto» que una familia que dependa de la renta que le proporciona el alquiler vacacional pierda la posibilidad de continuar con la actividad vacacional una vez fallecido el titular.
Por su parte, la presidenta de Ascav, Doris Borrego, recordó que su asociación en ningún caso nació para representar a «grandes fondos de inversión» ni grandes tenedores ni grupos hoteleros, que poco a poco se han ido adentrando en el negocio sino a aquellas familias canarias que, de aprobarse finalmente la ley tal y como está constituida actualmente, contarían con una «normativa muy injusta».
