Alarma entre los turoperadores y agencias de viajes europeas por el nuevo registro turístico español

Las patronales turísticas europeas han remitido una carta a diversas autoridades españolas para trasladar su preocupación, desconcierto y oposición ante la inminente entrada en vigor del Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor.

Con este hecho, según explica el comunicado de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) la Asociación Europea de Agentes de Viajes y Turoperadores (ECTAA), la Asociación de Turismo Europea (ETOA), la Federación Europea de Turismo Rural (RURALTOUR) y la asociación europea que representa a hoteles, restaurantes, bares y cafés y establecimientos similares en la Unión Europea (HOTREC) se unen a la protesta de la CEHAT ante esta nueva ley que se prevé entre en vigor el 1 de octubre «es imposible cumplir los requisitos exigidos por la normativa», subrayan.

Algunos de los nuevos datos que se van a solicitar son la forma de pago, los números de tarjeta de crédito, el teléfono móvil... Además, no solo tendrán que cumplir con esta nueva obligación, que entra en vigor en dos semanas, los establecimientos alojativos sino también todos los subsectores turísticos, incluidas agencias de viaje, plataformas de intermediación, coches de alquiler... Son precisamente las agencias de viaje las que más temen esta nueva normativa, sobre todo porque están a las puertas de empezar a vender los viajes del Imserso. De ahí que piden otra prórroga.

Se trata de la primera vez que todas las asociaciones turísticas de ámbito europeo se ponen de acuerdo para mostrar su frontal oposición a la legislación de un país, indica el comunicado.

La confederación ha puesto de manifiesto su inquietud con respecto al nuevo real decreto desde hace tiempo, trasladando su «preocupación» en varias ocasiones al Ejecutivo español. Sin embargo, aún no ha recibido solución o respuesta, explica la CEHAT.

Por su parte, en la carta europea -a la que se anexa un análisis jurídico detallado de las preocupaciones del sector turístico en la Unión-, se habla de desafíos, prácticas, consideraciones jurídicas, recomendaciones y alternativas. Asimismo, las asociaciones turísticas de la Unión Europea lanzan preguntas al Ejecutivo español sobre la nueva normativa como, por ejemplo, cómo evitarán duplicidades las autoridades españolas con la aplicación de la nueva ley o cómo afectarán estas obligaciones a las personas fuera de España.

Y es que, tal y como señalaba CEHAT, a tan solo dos semanas de la entrada en vigor de esta normativa, «existe una confusión generalizada a nivel nacional e internacional» con respecto a qué datos son exigibles y a la forma de remitirlos, algo que supuestamente se aclararía con el desarrollo de una orden ministerial de la que el sector turístico español «aún no tiene constancia».

Desde Europa se insiste en que «el decreto impondrá una carga administrativa y unos costes adicionales significativos e innecesarios a las empresas (hoteles, agencias de viajes, operadores turísticos, etc.) aumentando de facto el precio de las vacaciones en un mercado altamente competitivo».

Esto, señalan, «dará lugar a una duplicación innecesaria de la recogida y el tratamiento de datos por parte de las empresas de viajes», así como a una «carga administrativa desproporcionada para las empresas de viajes».

Así, dado el espíritu conciliador del sector turístico y el interés mutuo de las autoridades españolas y la industria del turismo por promover, mantener e incluso aumentar el turismo a España, indica la nota que la carta finaliza remarcando que desde Europa se espera «sinceramente que las autoridades competentes comprendan y respondan a las principales preocupaciones expuestas anteriormente».

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