Conflicto en las zonas turísticas

Turismo opta por la prudencia y esperará a los juzgados ante la residencialización

La Consejería de Turismo ha decidido dar un paso hacia adelante más para proteger y dar seguridad jurídica a los propietarios de las zonas turísticas que han sido sancionados por dar un uso residencial a sus apartamentos, bien al vivir en ellos o ponerlos bajo la fórmula del alquiler vacacional. Como se recordará, la unidad de explotación que rige estos complejos obliga por ley a ceder su gestión a un tercero y no permite el uso residencial.

A la espera de que los ayuntamientos afectados consoliden el suelo por la vía de una ordenanza provisional para poder suspender las 400 sanciones que se han impuesto, la secretaría general técnica de la Consejería de Turismo y Empleo ha decidido dejar en suspenso y sin resolver los 32 recursos de alzada que han interpuesto 32 sancionados por Turismo, con multas que superan los 2.200 euros. En estos recursos solicitan que se les retire la multa. Turismo debería contestar a estas personas en tres meses (el plazo legal de los recursos de alzada) pero ahora ha decidido que esperará a saber qué opina el Juzgado Contencioso-Administrativo sobre la materia.

Turismo ya respondió a una propietaria afectada y le desestimó la retirada de la multa. Esta persona optó, como segunda opción, por recurrir ante el Juzgado Contencioso-Administrativo, cuyo fallo espera.

Tras ella se han presentado a la Consejería de Turismo 32 recursos de alzada más y todos ellos comparten la «misma identidad sustaciancial», con lo que tendrán previsiblemente el mismo recorrido que el primer caso y todo indica que acabarán en el Contencioso. Al fin de evitar que los administrados den más vueltas para terminar en el mismo punto, la Consejería de Turismo ha decidido esperar a que resuelva el Contencioso para decidir como resuelve los recursos pendientes.

«Ante la pluralidad de recursos de alzada con identidad de causa, se estima esencial el pronunciamiento judicial que se emita sobre este asunto toda vez que garantiza el dictado de resoluciones uniformes reforanzado la seguridad jurídica y evitando así la existencia de posibles contradicciones entre la resolución quese produzca en al vía administrativa y la sentencia que pueda recaer en la vía jurisdiccional», se recoge en la resolución de la Secretaría General de Turismo.

El Gobierno de Canarias estima que debe imperar el principio de prudencia y esperar a que los juzgados se pronuncien y determinen si las resoluciones sancionadoras de la Consejería «son ajustadas a Derecho o no».

A la espera de los juzgados, los ayuntamientos afectados como San Bartolomé de Tirajana o Mogán, ya han dado pasos para consolidar el suelo mediante una ordenanza provisional.

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