El transporte de Canarias y Baleares pacta una hoja de ruta que elevará al Gobierno

Durante el encuentro, ambas federaciones formalizaron un acuerdo de actuación conjunta de las organizaciones representativas del transporte en Canarias y Baleares para seguir peleando por adaptar el tacógrafo a las particularidades de cada archipiélago.

El secretario general de la FET, Jose Ángel Hernández, confesó estar «muy contento» con el resultado de este primer encuentro, «hemos quedado en vernos presencialmente en un plazo de 15 días para fijar una hoja de ruta de actuaciones que concluyan en la presentación de la modificación de la normativa ante el Ministerio de Transportes», declaró.

Hernández también detalló los asuntos tratados en la asamblea. En primer lugar, la elaboración de un documento técnico que recoja las propuestas de modificación del tacógrafo, para atender las singularidades del transporte insular garantizando el control del cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores y la seguridad vial. Otro de los pasos acordados fue la solicitud de una reunión con los dos consejeros de Transportes de Canarias y Baleares y los representantes empresariales del sector en los dos archipiélagos.

El secretario general de la FET indicó que están organizando una comisión técnica para «analizar detallitos que puedan parecer distintos» entre ambos archipiélagos pero que es «importante» tratar para presentar una propuesta «unida y firme» ante ambas consejerías de transporte.

Asimismo, Hernández destacó que la falta de áreas de descanso y la escasez de autovías en estos dos archipiélagos causa graves problema de tráfico, por lo que «consideramos que es necesario cambiar la norma del tacógrafo para que dejen de haber sanciones constantes a los empresarios del transporte», añadió Hernández.

Los principales representantes de CC OO, UGT e Intersindical Canarias vienen manifestando que no puede haber un tacógrafo «a la carta» insistiendo en que quitarlo o modificar el régimen sancionador, daría «vía libre» a los empresarios para infringir los derechos laborales. «El Gobierno canario «le ha dado todo lo que pedía» a la patronal del sector, como la bonificación fiscal del 99% al impuesto del combustible, por lo que «no entienden» qué más pueden querer los empresarios, a los que acusan de pedir reivindicaciones «sin sentido común» y fuera de la competencia autonómica.