Trabajo se abre a elevar la cuantía del subsidio a los mayores de 52 años

«El Gobierno está dispuesto a explorar todas las medidas que sirvan para que el diálogo social pueda mostrar su respaldo a esta reforma», aseguró el número dos de Yolanda Díaz al ser preguntado directamente sobre si estaba dispuesto a mejorar su cuantía tal y como exigen los sindicatos e incluso la patronal, que ven discriminatorio que este colectivo, el más vulnerable, cobre una ayuda inferior a, por ejemplo, los menores de 45 años sin cargas familiares.

Pero así lo decidió el Ejecutivo, que elevó la cuantía por desempleo en el real decreto para todos los beneficiarios salvo para los mayores de 52 años, que seguirían cobrando el 80% del IPREM, es decir, 480 euros en la actualidad. Para el resto, la cuantía sería mayor y aumentaría hasta el 95% del IPREM durante los primeros seis meses, lo que supondría pasar de los actuales 480 euros a 570 euros al mes, y al 90% del IPREM (540 euros) los seis meses siguientes.

Lo que no se ha mostrado Trabajo tan dispuesto es a mantener la actual sobrecotización que la Seguridad Social hace por ese cerca de medio millón de mayores de 52 años que cobran el subsidio tras haber agotado la prestación contributiva por desempleo, o quienes no han generado derecho a ella, y que fue el motivo por el que Podemos votó en contra de esta reforma. Así, Pérez Rey defendió que la progresiva reducción en la cotización de los mayores de 52 años que cobran el subsidio es una consecuencia de la revalorización del 54% del SMI desde 2019.

«Como ustedes saben, el 125% fue el parche que hubo que buscar para evitar que los trabajadores mayores de 52 años tuvieran una enorme penalización en sus cotizaciones a la jubilación cuando perdían el trabajo con esa edad», recalcó el secretario de Estado.

Según el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros y que decayó en el Congreso, a los mayores de 52 años se les iría rebajando progresivamente desde el 125% de la base mínima (1.575 euros al mes), hasta situarla en el 100% en 2028. Así, ya en 2024 su cotización sería por el 120%, en 2025 por el 115%, en 2026 por el 110% y en 2027 por el 105%. Esta merma de cotización tendría de igual forma un recorte en su futura pensión.

El ministerio sí estudiará otras aportaciones de los agentes sociales como son cubrir mejor el tránsito de ciertos perfiles al Ingreso Mínimo Vital (IMV) o garantizar la protección para los empleados a tiempo parcial.

En este sentido, Pérez Rey desveló que hay un nuevo choque dentro del propio Gobierno en torno a la protección de los más de 2,8 millones de trabajadores a tiempo parcial. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quiere aprobar este martes la transposición de la directiva de condiciones de trabajo transparentes y fiables e incluir un blindaje especial para este colectivo.

Más concretamente, pretende eliminar de la ley la posibilidad que tienen las empresas de rebajar de forma unilateral la jornada de los trabajadores a tiempo parcial y, por tanto, su salario, algo a lo que el PSOE se opone. «Hay un disenso, no hay un acuerdo con el PSOE y esto para nosotros es decisivo», defendió.