Díaz limita su bonificación para reducir la jornada a un trabajador por empresa

El documento, al que ha tenido acceso este diario, incluye una serie de bonificaciones para las empresas que apliquen la reducción de jornada, con mucha letra pequeña que ahora debe ser analizada por los empresarios y los representantes de los trabajadores.

En principio, el denominado 'Plan Pyme 375' incluye medidas de alcance limitado, pues solo podrán acceder a las ayudas las pymes de menos de 10 trabajadores, cuyo volumen de negocio no exceda los dos millones de euros, y que ejecuten una «contratación indefinida de personas trabajadoras con ocasión de la aplicación y puesta en marcha de la reducción de jornada máxima legal».

La bonificación queda además acotada a un solo trabajador por empresa. Es decir, si una pyme de 10 empleados quiere contratar a tres para cubrir los turnos que implicará aplicar la reducción de jornada, solo se beneficiará de la ayuda por uno de ellos. Y solo durante un año, bajo el compromiso de mantener toda su plantilla (en este ejemplo, 13 empleados) durante tres ejercicios, una condición que podría restar atractivo a las ayudas.

«Las bonificaciones se aplicarán a los contratos o conversiones que se realicen en los primeros seis meses desde la entrada en vigor de la reducción legal de la jornada legal de trabajo y tendrán una duración de un año», especifica el texto.

Además, los contratos que se hagan para cubrir las necesidades por la reducción de jornada deben ser indefinidos, sean a tiempo completo o a tiempo parcial, siempre que en este último caso superen el 50% de la jornada a tiempo completo. «En este último caso, la bonificación se reducirá en proporción a la parcialidad», indica el documento.

El Gobierno ha intentado con esta propuesta acercar al acuerdo a la CEOE, añadiendo bonificaciones también para las empresas que conviertan sus contratos a tiempo parcial en empleos a tiempo completo. «Sectores como comercio y hostelería tienen un margen más que importante para incrementar la jornada como consecuencia de la reducción de jornada», indicó el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, durante una comparecencia tras el encuentro.

Pese a las comentadas restricciones para acceder a las ayudas, el Ministerio de Trabajo estima que hasta el 70% de las contrataciones podrían disfrutar de alguno de los incrementos adicionales de bonificaciones. «Se prevé que se acojan a la medida más de 80.000 empresas y autónomos, que crearían empleos equivalentes a unos 65.000 contratos a jornada completa», indica el documento compartido este viernes con patronal y sindicatos.

Pérez Rey indicó que las ayudas serán diferentes, según se destinen a la creación de indefinidos o al incremento de la jornada. Pero no detalló cifras, haciendo un llamamiento a patronal y sindicatos para acordar la cuantía «y evitar que las bonificaciones se conviertan en un peso muerto». La idea que maneja el Ejecutivo es, de momento, bonificar hasta el cien por cien de la cuota en casos de mayores de 55 años, mujeres y jóvenes.

La tercera pata que sostiene la propuesta del Ministerio dirigido por Yolanda Díaz es la puesta en marcha de modelos de asesoramiento para cada sector productivo que, en principio, correrían a cuenta de los servicios públicos de empleo.

Ninguna de las medidas ha convencido por completo a la CEOE, que sigue pensando que esta materia debe abordarse en la negociación colectiva, aunque seguirán presentes en la mesa.

Ante el recelo que siguen mostrando los empresarios a la medida, desde el Gobierno abren la puerta a extender la negociación. «En la mesa ya están todos los documentos y no renunciamos a llegar a un acuerdo; podemos avanzar en esa dirección, por muy difícil que sea el contexto negociador», indicó Pérez Rey, aludiendo a la reforma laboral que, tras la enorme tensión durante las negociaciones, logró salir adelante «el día antes de Nochebuena».

Pero extender los plazos no parece una opción para los isndicatos. Tras el encuentro, la secretaria confederal de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, advirtió que si CEOE no se posiciona tras el documento entregado por el Ministerio de Trabajo este viernes, acabarán con el proceso de negociación. «El Gobierno tiene que actuar para que realmente esta medida se cumpla», insistió, amenazando de nuevo con más movilizaciones.

«Está todo negro sobre blanco, negociamos con papeles encima de la mesa y esperamos la respuesta de las organizaciones», aseguró Pérez Rey durante su comparecencia, indicando que el Ejecutivo está «especialmente interesado» en que CEOE «estudie con detenimiento y mimo» todas las mediads planteadas «y exprese si necesita otras adicionales».

La reunión de este viernes también ha servido para avanzar sobre el registro horario, «sellado también en el documento escrito». El Ejecutivo insiste en la necesidad de que sea electrónico para un control más efectivo, indicando que ya se ha constituido un grupo de «profesores expertos» para avanzar en el desarrollo reglamentario que requiere la materia, incluyendo un endurecimiento de las sanciones para las empresas que no cumplan.

Del mismo modo, el Gobierno lleva tiempo trabajando en una medida que confían poder combinar con la reducción de jornada «para su plena eficacia». En todo caso, Pérez Rey dejó claro que el endurecimiento del registro horario se podría poner en marcha, incluso si la jornada laboral no pasa el trámite parlamentario.

Se da la circunstancia que para este compromiso del gobierno de coalición es necesario modificar el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, lo que implica obtener la mayoría en el Congreso. Algo que no es necesario para el registro horario, que podría modificar el Consejo de Ministros con un desarrollo reglamentario, como vienen solicitando los sindicatos.