La reducción de jornada a 37,5 horas se aplicará de forma progresiva y con ayudas para las empresas

Estos dos elementos de flexibilidad tendrán que incluirse en la nueva ley que modificará el horario laboral aunque sea durante el trámite parlamentario si la medida estrella de la legislatura quiere ver la luz. Ya no es solo que así lo reclamarán algunos grupos parlamentarios para votar a favor, sino que es una exigencia propia del ala socialista del Gobierno. Así, el ministro de Asuntos Económicos, Carlos Cuerpo, reconoció este viernes de forma clara que apostará por «una entrada en vigor más progresiva» de la reducción de la jornada laboral «para aquellas empresas que lo necesiten», como las pymes que «pueden tener mayor dificultad a corto plazo». Esta apuesta choca de plano con el deseo de Díaz, que repite una y otra vez, de que todas las empresas estén a 31 de diciembre de 2025 con la jornada de 37,5 horas.

Sin embargo, Cuerpo sí accederá a que esta modificación del texto acordado por Trabajo con los sindicatos para incluir un plazo más amable se haga durante el trámite parlamentario y no antes de su llegada al Consejo de Ministros, tal y como dejó caer el sucesor de Nadia Calviño. «Hay que encontrar esos márgenes de flexibilidad. Esto será una parte no solo de la discusión inicial, sino sobre todo de la tramitación parlamentaria, estoy seguro», explicó. Lo avanzó precisamente el mismo día que el aval del Congreso a esta medida se complica aún más tras suspender Junts toda negociación con el PSOE.

En realidad, esta flexibilidad a la hora de llevar los plazos más allá de 2025, una de las exigencias de la patronal, ya se llegó a negociar el año pasado en la mesa del diálogo social, con excepciones a la aplicación a lo largo de este año por sectores o tamaños de empresas. Y los sindicatos estaban dispuestos a ceder siempre y cuando no se demorara eternamente y comenzara a recortarse ya esas 2,5 horas a la semana desde finales de 2025, aunque fuera poco s poco y se demorara a lo largo de los próximos años, sobre todo en los sectores que tienen jornadas de 40 horas.

Con la vista ya puesta en el Congreso, Cuerpo confía en que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos llegue a un acuerdo el próximo día 27 de enero, algo que la propia Díaz da por hecho –también que aprobarán el texto tal cual lo acordó con los sindicatos–, al presumir este viernes de haber «ganado la batalla» por la reducción de la jornada.

El desbloqueo de la medida y que esta llegaría tal cual al Consejo de Ministros fue algo que pactaron ambos en la reunión que mantuvieron el pasado miércoles para rebajar la tensión tras días de enfrentamientos, según fuentes cercanas al Gobierno. Pero también se habían comprometido a mantener un perfil bajo en este tema hasta entonces, y la líder de Sumar advirtió este viernes al PSOE que el acuerdo suscrito con los sindicatos es «sagrado» y que cualquier cambio sería un «ataque» a la legitimidad del diálogo social.

Quien se mantiene muy beligerante contra esta medida es la CEOE, cuyo presidente, Antonio Garamendi, publicó este viernes un artículo en la red social Linkedin en el que mostró su «preocupación» por una imposición unilateral de la reducción de la jornada, algo que –denunció–, además de vulnerar el derecho constitucional a la negociación colectiva, «pondrá en riesgo la viabilidad de pequeñas y medianas empresas que representan el corazón de nuestra economía». Y el empresario vasco puso en valor que un 25% de todos los convenios firmados en 2024 ya establecieron jornadas de 37,5 horas «sin necesidad de una imposición».