El Gobierno tendrá que acceder a inyectar más dinero para salvar Muface

El propio Óscar López reconoció que estaban «hablando» con las aseguradoras pese a que la normativa les impide hacerlo cuando ya está abierto el concurso público y una de las opciones que hay es compensarles por las pérdidas que sufran. López ofreció en la nueva licitación 1.000 millones más a Asisa, DKV y Adeslas para cubrir la sanidad de cerca de 1,6 millones de funcionarios y sus familias hasta 2027. Pero «el mayor esfuerzo de la historia» –como calificó el ministro este desembolso– no ha sido suficiente para atraerlas y Adeslas y DKV ya han comunicado su salida de Muface, dejando más de 700.000 empleados públicos sin seguro.

Tras estos portazos, toda la presión se posó sobre Asisa, que a día de hoy da cobertura a 363.000 funcionarios, con la duda de si podrá asumir ella sola a más de un millón de pacientes. De hecho, por eso no se presentó a la primera licitación.

Fuentes de las negociaciones señalan que, pese al acercamiento, la tensión por parte de las aseguradoras se mantiene. «El Gobierno se juega mucho», apuntan, en referencia a su capacidad para mejorar las condiciones que ahora hay sobre la mesa. Sin embargo, tanto Adeslas como DKV son conscientes de la dificultad para llegar a un acuerdo. «La situación no es fácil. Sería un poco raro que, después de haber dicho que no, nos presentemos a la actual licitación a no ser que, además de la misma, el Ministerio añada algún tipo de adenda en la que anuncie compensaciones», indican desde una de las firmas inmersas en la negociación.

DKV ya estimó unas pérdidas antes de impuestos de unos 70 millones bajo las condiciones de la nueva licitación, mientras que Adeslas cifró las suyas en algo más de 250 millones de euros para ese periodo 2025-2027, prácticamente las mismas que las sufridas entre 2022 y 2024. El problema de aquellos años es que el convenio se redactó antes de la grave crisis inflacionista que, con su abrupta llegada, disparó los costes y desbarató los presupuestos de las aseguradoras.

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«Hoy por hoy, siguen sin salirnos las cuentas y nuestra respuesta es la misma», precisan desde el sector, recordando que también será complicado que el Gobierno modifique la licitación con tan pocos días de plazo. «Si hay acuerdo, tendría que llegar ya después del 27 de enero», señalan.