Glovo, investigada ahora por vulnerar la intimidad de sus trabajadores

Así lo anunció este martes la propia ministra de Trabajo en funciones durante su intervención en el foro 'Metafuturo: Ciudades del futuro' organizado por el grupo Atresmedia. «Estamos viendo hoy cómo en España la Inspección de Trabajo acaba de abrir una nueva investigación respecto a Glovo porque está vulnerando presuntamente nada más y nada menos que la intimidad de los trabajadores fuera del desempeño de su actividad profesional», advirtió la vicepresidenta.

Sin embargo, ni Díaz ni su departamento han querido dar más detalles de esta nueva vía de investigación alegando que está en manos de los inspectores de Trabajo y hay que dejar que siga su curso, aunque sí ha dado una pista al poner este caso como un ejemplo del mal uso de la Inteligencia Artificial en materia laboral.

No obstante, este periódico ha podido saber que esta nueva investigación, que se suma a las muchas que ya acumula esta empresa por utilizar falsos autónomos, podría estar relacionada con el hecho de que Glovo, al tener monitorizados a sus trabajadores para poder así realizar su trabajo, podría recoger demasiada información sobre ellos, más de la que es necesaria para el desempeño de su puesto, y envíar estos datos personales y de geolocalización a otras empresas incluso cuando los trabajadores no están activos. Incluso la Inspección está pendiente de si la multinacional podría ser una forma de espiar a sus trabajadores para llevar un sistema de puntuación oculta de los repartidores sin que estos fueran informados de ello.

Lo que sí resaltó la líder de Sumar durante su intervención es el progreso que supuso para España la aprobación de la Ley Rider, que se ha convertido en pionera en Europa, y abogó por la importancia de aprobar la directiva europea sobre regulación de plataformas digitales bajo la presidencia española, una norma que no consiguieron sacar adelante ni la Presidencia checa de la UE ni la sueca.

Glovo acumula ya más de 200 millones de euros de multas en España por emplear de forma irregular a más de 37.300 trabajadores, que actúan como falsos autónomos y algunos de ellos sin papeles. El importe total en actas de infracciones se sitúa en 125,3 millones, a los que hay que sumar 80 millones en actas de liquidación de las cotizaciones no abonadas. Además de pagar las sanciones, la inspección les obliga a regularizar a estos trabajadores y que pasen, por tanto, a formar parte de su plantilla con los mismos derechos, como el abono de las cotizaciones sociales, vacaciones, bajas laborales, paro, indemnizaciones en caso de despido, etc.

La ley rider, en vigor desde agosto de 2021, obliga a las plataformas digitales de reparto a contratar como asalariados a sus repartidores. Así, la norma reconoce la presunción de laboralidad de los trabajadores que prestan servicios retribuidos de reparto a través de empresas que gestionan esta labor mediante una plataforma digital, en línea con la sentencia que dictó el Tribunal Supremo en septiembre de 2020, en la que establecía que los repartidores son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos.