España se convertirá en el segundo país de Europa con una jornada laboral más corta

Las jornadas laborales de 40 horas semanales tienen los días contados en España. Antes de que termine el año se trabajará, como máximo, 38,5 horas. Y desde el próximo 1 de enero un tope de 37,5 horas. Así lo prometió el Gobierno en su acuerdo de legislatura y así figura en el real decreto ley que pretende aprobar a poder ser antes de que termine el verano, aunque se hará, casi con toda seguridad, sin el acuerdo de la patronal.

Será la primera vez desde hace más de cuarenta años que sucede algo así. La última vez que se acortó la jornada por ley en España fue en 1983, cuando se redujo de 43 a las 40 horas actuales. Pero a partir del próximo 1 de enero España tomará la delantera y se convertirá en el segundo país de Europa que tenga una jornada de trabajo más corta, si la norma se aprueba tal y como está actualmente redactada.

No significa esto que los más de 21 millones de afiliados españoles trabajen todos 40 horas a la semana. Ni mucho menos. En realidad, la gran mayoría tiene ya jornadas inferiores, puesto que la mayor parte de convenios colectivos han ido pactando a lo largo de las últimas décadas recortes horarios.

También en la inmensa mayoría de Europa el límite legal de horas semanales ordinarias está fijado en 40 horas, sobre la base de una semana laboral de cinco días y jornadas de ocho horas. Solo hay dos países en la actualidad que tienen una jornada reglamentaria más corta: Francia, donde está limitada a 35 horas, y Bélgica, donde el máximo permitido son 38 horas.

Sin embargo, estos dos países establecieron reducciones en las cotizaciones sociales para ponerlo en marcha y compensar en cierta manera a las empresas, algo que en España no se contempla. Así por ejemplo, el Gobierno galo aprobó en sendas leyes de 1998 y 2000 reducir de 39 a 35 horas la jornada laboral estándar sin recorte salarial pero con alguna medida compensatoria y se dio un periodo transitorio de dos años.

A cambio, las empresas recibieron incentivos económicos, como reducciones en las cotizaciones sociales de las empresas. También se les permitió reorganizar su producción en cada caso particular y la medida se fue implantando mediante convenios colectivos entre empresarios y sindicatos, pasando además a ser computadas las horas de forma anual, otro guiño a los empresarios. Es decir, se permitía mantener las jornadas de 39 horas pero luego se acumulaban las horas de más y se compensaba a los trabajadores con mañanas libres o días completos.

En el lado contrario se ha situado recientemente Grecia, que ha dado un paso atrás. Desde este lunes 1 de julio entra en vigor una nueva ley que permite a muchas empresas pedir a sus empleados que trabajen un día más, seis a la semana (y con una remuneración mayor), lo que supone elevar de 40 a 48 horas la jornada máxima permitida a sectores concretos.

Además, los trabajadores podrán ampliar su jornada diaria desde las 8 horas actuales hasta 13 horas. Ambas medidas siempre de forma voluntaria para el trabajador y con el objetivo de paliar la falta de mano de obra.

También hay otro grupo de países que no tienen un máximo de horas de trabajo establecido, como Dinamarca, Alemania, Países Bajos y Suiza (tampoco Reino Unido), por lo que pueden trabajar jornadas semanales de hasta 48 horas, que es el límite que opera en la legislación europea. Cabe destacar, no obstante, que es precisamente en estos países en los que no hay límites en los que se trabaja menos horas y su productividad también es mayor.

El país con la jornada efectiva más corta (por su empleo principal)es Países Bajos, de 30,9 horas semanales. Le siguen Noruega (33,1 horas), Dinamarca (33,3), Austria (33,5 horas) y Alemania (33,9). En España, sin embargo, se trabaja más que en estos países: 36,3 horas de media en el empleo principal, por encima también de la media europea (35,9 horas).

Mientras España será tras Francia el país con una jornada legal más corta, se mantendrá como el más restrictivo de Europa en cuanto al uso de horas extras. El Gobierno –al menos por el momento- se mantiene firme y no accede a la petición de la CEOE de elevar el límite máximo anual de 80 horas por trabajador, como sí hizo Francia, que lo situó en 220 horas.

Otros, como Hungría o Eslovaquia, tienen un máximo de 400 horas, e incluso hay países en los que no hay ningún tipo de coto a realizar horas extras, como es el caso de Dinamarca, Reino Unido y Estonia. En contrapartida, España tiene otra anomalía: es de los pocos estados que no obtiene ningún rédito por estas horas extras y no se pagan con un recargo salarial ni con un tiempo de descanso mayor.

Para Fernando Luján, vicesecretario de UGT, la reducción de jornada no impactará en la actividad económica ni en el empleo: «La vida seguirá igual. Las empresas que están preparadas para competir, competirán y las que no están preparadas, el mercado las engullirá, pero tengan 40 horas, tengan 37,5 horas o tengan 48 horas», defiende.

Por el contrario, Marcel Jansen, investigador de Fedea, advierte que «imponerlo por ley puede llevar a efectos negativos en la creación de empleo» y, de igual manera, puede provocar una congelación de los salarios, ya que los empresarios serán más reacios a subirlos. También Raymond Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas, aboga por no implantar, sino llevar esa reducción de jornada de forma gradual, consensuada con sindicatos y patronal y con flexibilidad horaria, ya sea a través de horas extras o de modulación de la jornada. De lo contrario, podría agravarse la falta de mano de obra, avisa.

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