El Congreso aprueba la ley de empleo que dinamitó las relaciones de CEOE con Díaz

La enmienda transaccional introducida por EH Bildu establece que, en caso de que una empresa lleve a cabo un despido colectivo, la Inspección de Trabajo se pronuncie, de forma preceptiva, sobre si concurren o no las causas alegadas. Esta obligación la eliminó el Gobierno de Mariano Rajoy en la reforma laboral de 2012, con lo que en la práctica dio mayor libertad a las empresas para realizar ERE en plena crisis económica.

Lo que no recupera es la autoridad administrativa previa que se exigía también antes de 2012 para ejecutar un despido colectivo, lo que facilitó la unilateralidad empresarial en los ajustes de plantilla de este tipo.

Los sindicatos reclamaban recuperar estas condiciones en la contrarreforma laboral aprobada hace algo más de un año, pero finalmente Díaz desistió para atraer a la patronal al acuerdo. Ahora, sin embargo, el texto pactado sin consulta con los agentes sociales atiende en cierta medida esta reclamación, ya que refuerza el control de la Inspección sobre las causas de un ERE, su acreditación y adecuación a lo alegado por la compañía para hacerlo, por lo que si la Inspección no ve causa justificada el ERE será tumbado en los juzgados si se denuncia.

La organización liderada por Antonio Garamendi recalcó entonces en un comunicado que esta medida que el Ministerio ha colado a través de una enmienda fue ya objeto de debate durante los trabajos de la reforma laboral y «apartada de mutuo acuerdo en aras del consenso», por lo denunciaron que se trata de una «traición» al acuerdo y «supone una ruptura de la buena fe negocial, imprescindible en todo proceso de negociación, que obliga a las partes a respetar y defender los acuerdos alcanzados, actuación que invalida al Ministerio de Trabajo como interlocutor fiable».

Pero además la nueva norma transformará el actual Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) en una nueva Agencia Estatal de Empleo, lo que prevé permitir una mejor gestión y funcionamiento sin que suponga un cargo económico para el erario.