Imagen de archivo de una protesta de empleados temporales exigiendo fijeza. / Arcadio sUárez

En Canarias hay más de 25.000 empleados públicos en abuso de temporalidad

Esa cifra podría subir hasta los 60.000 trabajadores si se incluye al personal de Sanidad y Educación

EFE Santa Cruz de Tenerief

En Canarias hay más de 25.000 empleados públicos en abuso de temporalidad en las administraciones públicas que dependen del Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos, cifra dentro de la cual no se incluye el personal de Educación y Sanidad, según ha informado este jueves UGT.

Este dato, que podría subir hasta los 60.000 trabajadores si se incluye al personal de Sanidad y Educación, ha salido de la reunión que ha presidido el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, con representantes de las administraciones públicas y sindicatos representativos para abordar los criterios de aplicación de la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

El representante de UGT, Juan Bautista, ha señalado que la reunión que ha tenido lugar hoy es un primer paso para la estabilización «tan ansiada» y ha agregado que es importante que, además de los sindicatos, estén la Fecai y Fecam para llegar a un consenso sobre las bases mínimas que van a regir esa estabilización.

Según UGT, ahora se verifica con los 88 municipios cuáles son las plazas que podrían regularse y conocer de esta forma el número exacto en un plazo de un mes y medio en todas las administraciones públicas canarias.

Las plazas de Educación y Sanidad se estabilizarán en un proceso diferenciado del resto, tal y como establece la propia normativa.

El portavoz de Comisiones Obreras, Juan Miguel Suárez, ha reiterado que cerca de 30.000 empleados públicos de Canarias podrán tener más seguridad jurídica al regularizar y estabilizar sus plazas de trabajo, para lo que es necesario que se publique en plazo las respectivas plazas de empleo público.

El representante de CSIF, Francisco Martín, ha indicado que la ley no solo obliga a las administraciones a reducir las tasas de temporalidad sino que la estabilización es un derecho que hay que garantizar a los trabajadores para acabar con la precariedad económica y en derechos de este personal.

Según ha detallado, hay ayuntamientos en los que prácticamente todo su personal es temporal y laboral.

De media, el 30 por ciento del personal público está en abuso de temporalidad, porcentaje que se incrementa en Educación y Sanidad, ha comentado José Ángel Mascarell, representante de Sepca.

En concreto, en la Comunidad Autónoma hay unas 3.000 personas temporales, ha apostillado, cifra que se incrementa hasta las 10.000 si se tiene en cuenta el personal de cabildos y ayuntamientos.

No obstante, en Educación y Sanidad estos números son mucho mayores, si bien no ha podido ofrecer una cifra exacta.

El representante de Intersindical Canaria, Pedro Medina, ha señalado que espera que el Gobierno de Canarias mantenga la voluntad de resolver el problema que afecta a empleados públicos temporales, pues algunos de ellos llevan más de 25 años en el mismo puesto de trabajo.

De la Fecam, Tomás Pérez, ha esgrimido que los ayuntamientos en Canarias tienen «mucha temporalidad», y es necesario acabar con ella, tal y como marca la ley, que va a permitir dar estabilidad a los trabajadores y a las administraciones públicas, que podrán dar un mejor servicio a los ciudadanos.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha defendido la importancia de establecer mecanismos comunes ante procesos de consolidación de personal que hay que acometer tal y como marca la ley.

Antes del 1 de junio las ofertas de empleo público tienen que estar publicas, el 31 de diciembre las bases y el proceso tiene que estar terminado en diciembre de 2024, ha recordado Torres, quien ha explicado que la ley establece marcos temporales para acceder al empleo a través de concurso o concurso oposición.

Ha destacado la importancia de este proceso porque afecta a «miles y miles de personas» que están en la administración pública, al tiempo que ha hecho referencia al «compromiso compartido» de trabajar rápidamente de manera efectiva para dar respuesta a una situación de precariedad laboral.