Más de 1.000 empresas canarias, obligadas a tener un plan LGTBI desde hoy o habrá multas

Las empresas de más de 50 trabajadores tendrán que aplicar a partir de hoy nuevas medidas para reforzar el compromiso con la igualdad y la protección de derechos del colectivo LGTBI, de acuerdo con el Real Decreto 1026/2024 aprobado por el Gobierno Estatal el pasado 8 de octubre.

Esto afectará a un total de 1.019 empresas canarias que cuentan en sus plantillas con más de 50 trabajadores, que de no cumplir con la normativa se enfrentarán a sanciones económicas que pueden oscilar entre los 700 a los 7.500 euros en casos graves y hasta los 225.000 euros en caso de infracciones muy graves, que incluyan un «acoso sistemático» por parte del entorno laboral.

La implementación de este plan demuestra que, si bien, España ha avanzado significativamente en la inclusión laboral en los últimos años, siguen siendo necesarias políticas que refuercen esta idea formando a empleados y directivos.

Uno de los principales objetivos del Real Decreto es crear un documento separado del protocolo ya existente de acoso laboral que ya utilizan las empresas, ya que aunque ambos buscan garantizar espacios seguros para el colectivo, el Plan de medidas LGTBI debe incluir definiciones claras sobre situaciones discriminatorias específicas contra el colectivo y detallar las acciones correctivas a seguir en caso de incidentes.

El protocolo deberá incluir cláusulas de igualdad de trato y no discriminación, medidas para fomentar la contratación de personas del colectivo y garantías para el desarrollo profesional.

De la misma manera, será obligatorio que la empresa ofrezca formación a la plantilla para sensibilizar a los trabajadores en lo relativo al uso de un lenguaje inclusivo y respetuoso. No bastará con que estas formaciones corran a cargo de algún jefe de área sino que deberán ser impartidas por profesionales especializados en la materia, ya sean internos o externos a la empresa.

Silvia Balcells, directora general de Synergie, empresa líder en soluciones de Recursos Humanos y servicios de empleo, explica que el fin de esta normativa no es solo que las empresas pasen por ella de puntillas sino que debe ser una estrategia que se traduzca en cambios efectivos dentro de las organizaciones, destinada a «transformar la cultura corporativa» en un contexto en el que la diversidad ya no es una opción sino un «imperativo legal». Según Balcells, esta norma pretende ir «más allá», tocando «temas sensibles que algunas empresas preferirán esquivar».

En la misma línea se encuentra la secretaria de Feminismo y Diversidad de Podemos Canarias, Sylvia Jaén, que defiende el papel fundamental de la inspección en la aplicación de este tipo de planes, para garantizar que hay un canal de comunicación específico para que los trabajadores y trabajadoras puedan expresar su malestar. Además, considera que planes como este, contribuyen a generar «un mejor ambiente laboral» para la plantilla y como consecuencia, un mejor rendimiento empresarial.

Las medidas del plan LGTBI deben ser negociadas por el mismo comité de empresa que negoció el plan de igualdad, cuya implementación ya era obligatoria para las empresas de más de 50 trabajadores desde el 7 de marzo de 2022. Las empresas que no cuenten con esta comisión que actúe como representante legal de los trabajadores deberán contactar con los sindicatos mayoritarios. En caso de inspección, la falta de acreditación de este paso derivará en sanciones.

Los sindicatos dispondrán de un mes para responder. Si no contestan en este plazo, la compañía podrá seguir con la elaboración del plan de forma unilateral.

En base a esto, las empresas deberán negociar con los representantes de las personas trabajadoras, ya sea sindicatos o comité de empresas, que medidas del plan se incorporan en sus normas internas.

Pese a que las empresas de menos de 50 empleados no estén obligadas a elaborar este protocolo, el Gobierno recomienda su aplicación ya que contribuye a la creación de entornos laborales más inclusivos, mejora la reputación corporativa y fomenta el bienestar y la productividad de los empleados.

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