La transición al 5G se ralentiza por la crisis y el veto a proveedores de riesgo

En España, el Gobierno ha hecho caso omiso de las solicitudes de aplazamiento por parte de las grandes operadoras, que pedían esperar hasta 2024 por falta de demanda suficiente –en el primer trimestre de este año solo el 0,02% del tráfico en las redes de banda ancha móvil era 5G– o, al menos, al segundo semestre de 2023. Así, salvo sorpresa de última hora, celebrará antes de cerrar el año la última gran subasta de espectro.

A finales de septiembre lanzó una consulta sobre las bases que regularán la licitación de doce concesiones estatales y otras 38 de ámbito autonómico en la banda de 26 GHz, prioritaria para el despliegue del 5G en Europa. Serán concesiones para 20 años prorrogables por otros tantos y el Ministerio de Economía ha previsto sacar cerca de 140 millones de euros por ellas, aunque el precio de salida rondará los 105 millones.

No parece un gran negocio recaudatorio, aunque conviene recordar el pinchazo que sufrió en la anterior subasta para redes 5G –la próxima será la cuarta– y cuyas adjudicaciones de espectro consideran las 'telecos' suficientes para la realidad actual. En julio de 2021se licitaba la banda de 700 MHz y solo acudieron tres pujadores: Telefónica, Orange y Vodafone. El Gobierno puso un precio de salida global de 995,5 millones de euros, que creía relativamente moderado, pero al final solo ingresó un 1,5% más.

Vista esa mala experiencia y los recelos de las operadoras, más pendientes ahora del proceso de fusiones –la unión Orange-MásMóvil en España y entre la filial portuguesa de esta última y Vodafone en el vecino luso están bajo la lupa de las autoridades de competencia– y posibles nuevas operaciones corporativas, ¿por qué el Ejecutivo no flexibiliza sus plazos? José Antonio Morán, director del Grado de Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicaciones de la UOC, apunta a la Unión Europea: «La digitalización forma parte del Plan de Recuperación comprometido con Bruselas para disponer de los fondos europeos recibidos por la covid».

Por el lado de las 'telecos', la lectura que hace este experto de su postura es también económica. Según explica Morán, «la industria será uno de los sectores más beneficiados con este despliegue –en la nueva subasta se reserva una parte para que lo alquilen directamente empresas privadas de diferentes sectores–, pues grandes grupos podrían querer desarrollar sus propios proyectos de redes privadas y digitalizar sus centros de producción, algo que podría encarecer el precio final de los lotes para las operadoras». Estas, de hecho, creen que otros actores relacionados con los gestores de torres de telefonía (como Cellnex) también entrarán en liza.

En todo caso, el interés de esas empresas por la banda de 26 GHz es comprensible. Conocida también como onda milimétrica o 5G mmwave, dispone de una cobertura menor (la propagación de su señal es inferior), aunque tiene una capacidad de transmisión superior y con unos tiempos de respuesta muy bajos. En este sentido, Javier Arenzana, socio responsable de Telecomunicaciones en KPMG España, considera que «el 5G real, con todas sus prestaciones, llegará primero a esos usos para empresas mediante despliegues de redes privadas virtuales».

Aunque el Gobierno no detalla esa 'letra pequeña' al prever que para finales de año el 75% de la población en España contará con cobertura de redes móviles 5G, lo cierto es que el grueso de ese despliegue se hace apoyado en infraestructuras de 4G ya existentes y solo modificando en parte el radio (la transmisión pura de datos). Se denomina 5G NSA ('Non Stand Alone') y los expertos lo ven más «un 4G evolucionado que aún no ofrece todas las prestaciones del 5G real y que tampoco cambia significativamente la vida de los usuarios», apunta Morán.

«Queda un largo camino para llegar a ese 5G ideal que nos han pintado», advierte Ángel Barbero, profesor de la EAE Business School y directivo de la consultora digital Nateevo., quien cree que «las previsiones anteriores se incumplirán con toda probabilidad». El 5G real, el 'Stand Alone', requiere grandes inversiones:el Gobierno exige a las operadoras dedicar 14.300 millones, frente a 482 millones de fondos públicos, para que en 2040 el 53% de la población acceda a ese 5G completo.

Pero aparte de una rentabilidad aún incierta de ese despliegue, las 'telecos' tienen otro problema. La Ley de Ciberseguridad 5G prevé una lista de proveedores de alto riesgo que el Gobierno no ha concluido. En ella estarían firmas chinas como Huawei y ZTE –aunque el ministerio no la publicará por seguridad y solo avisará a los afectados– con las que no se podrá trabajar en redes 5G y, además, habrá que sustituir los equipos ya instalados hace años con sus componentes (buena parte del 4G), con el consiguiente coste añadido (más de 1.500 millones de euros).