La sombra del caso Mediador pone en jaque la labor de los agricultores y ganaderos canarios

Las consecuencias del caso Mediador se están haciendo notar más allá de la esfera política en Canarias. Tras la irrupción mediática del proceso judicial, un porcentaje del sector primario de las islas está experimentando «un recrudecimiento» en la manera en la que se gestionan los diferentes procesos, en particular, las subvenciones, asfixiando al colectivo.

Según Jaime Briso, miembro de Afonso-Briso Abogados, esta tesitura está afectando de manera importante a jóvenes agricultores que, «tras haber seguido escrupulosamente el plan empresarial», se les desestima la ayuda económica una vez ya realizada la inversión, que en algunos casos llega a ser de más de 100.000 euros.

Mientras que señala no poder establecer un nexo causal, sí asegura que existe un «nexo temporal entre el descubrimiento del escándalo del caso Mediador y el endurecimiento en la fiscalización de las subvenciones. No parece descabellado tratándose de políticos que todos conocemos».

Para Briso, el hecho de que se «hayan recrudecido los sistemas de auditoría» coincide con el escándalo de corrupción de 'Tito Berni' y que los funcionarios, «cautelosamente o mandados por el político de turno, están cerrando el grifo». Una consecuencia que, según Briso, «no deja de afectar a jóvenes que han invertido su patrimonio futuro y que se les está condenando a la ruina durante 20 años. Va absolutamente en contra del espíritu de la subvención, porque no ayuda en absoluto. Hay una arbitrariedad que no estamos entendiendo, y que va a generar una perjuicio previsiblemente irreparable para jóvenes agricultores que no tienen medios», afirma.

Esta subvención que reciben los agricultores, destinada a la renovación y modernización de los equipamientos en sus explotaciones agrícolas, está condicionada a ejecutar en tiempo y forma un determinado plan empresarial y hacer una serie de inversiones previamente estipuladas.

De acuerdo con Briso, uno de los agricultores a los que representa, Daniel Umpiérrez, ha ido solicitando préstamos al banco con la intención de que la subvención luego le cubriese. El conflicto llegó en el momento que se esperaba que la Consejería de Agricultura le iba a abonar las ayudas acordadas.

Según su representante, Umpiérrez «ha cumplido escrupulosamente» el plan y los técnicos a la hora de valorar la ejecución o no del mismo, primero indicaron que hay informes que no aparecen por ningún lado, desestimándole «nuevas multiplicaciones cuando el afectado se ha gastado más de 100.000 euros que no tiene» con la compra de una finca, inversiones ingentes en material, trabajos de tierra, adquisiciones de inmovilizados, «una fortuna», insistió.

El abogado de Umpiérrez señala que desde su despacho han presentado una serie de recursos que «ni siquiera han sido resueltos» y que, para más inri, al intentar hablar con los funcionarios estos «no te hacen ni caso. Se limitan a decir que está en los servicios jurídicos y la cosa se queda ahí». También indica que cuando se consigue hablar con un agente, éste «básicamente se circunscribe a la norma como si de un autómata se tratara sin razonar ni resolver nada».

Tanto Briso como su representado piden que se «aplique el sentido común y se entienda que es la ejecución de un plan empresarial», invertir el dinero que te otorga la subvención para sacar adelante tu explotación. «Al final, la agricultura está supeditada a muchos factores, ya sean las plagas o el clima y si no se puede llegar al objetivo, no siempre es un incumplimiento del plan empresarial. Pedimos una interpretación adecuada de las bases y las normas, que no se está haciendo».

A su vez, comenta que ya ha transcurrido «el plazo de resolución y no se está dando ninguna solución». Esto está provocando que los bancos les estén «exigiendo reembolsos de un dinero que no tienen». No entendemos este cambio de criterio de la Administración», concluye.

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