Los sindicatos, en pie de guerra en el Puerto tras sacar Ibarra siete plazas «para colocar a los suyos»
El presidente de la Autoridad Portuaria 'recoloca' personal a pocas semanas de su salida. La pareja de Sebastián Franquis, una de las beneficiarias
El presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, ha decidido marcharse haciendo mucho ruido. A la espera de que los socios del próximo Gobierno, CC y PP, decidan quien será la persona que lo sustituya, Ibarra prepara su marcha pero antes va a dejar 'recolocadas' al menos a siete personas de la casa. Estos dejarán los puestos rasos en los que se encuentran actualmente para convertirse en 'jefes' mediante un procedimiento de promoción interna «hecho a medida», con lo que la plaza pasa a ser suya, y convocado además por un procedimiento de urgencia, según denuncian las organizaciones sindicales, que están estudiando medidas ante lo que consideran un «abuso más» por parte de Ibarra.
Estas siete plazas se enmarcan dentro de la reestructuración y cambio de organigrama que Ibarra llevó al consejo de administración el pasado 27 de marzo y que suscitó un gran rechazo dentro y fuera de la Autoridad Portuaria. Las modificaciones empezaron el lunes con el cambio de estatus de una jefa de departamento que ha sido degradada a jefa de división. Aunque a esta persona se le ha dado un complemento personal transitorio, de forma que no pierde ingresos económicos, sí se le baja de categoría. La intención de Ibarra es colocar en su puesto, según estas fuentes, a Delia Rodríguez, la pareja del socialista y actual consejero de Obras Públicas en funciones del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis.
Rodríguez entró en el puerto en diciembre de 2012, en el anterior mandato de Luis Ibarra, y ahora busca consolidarla con un puesto fuera de convenio, es decir, de directiva. «Quiere hacerlo todo deprisa y sacar esas promociones internas en proceso de urgencia», indican estas fuentes.
Por ahora, se han convocado ya dos plazas, una en el departamento de Infraestruturas, una jefa del departamento y una de división de infraestructuras. «En 20 días va a dejar a siete personas colocadas, que son de los suyos», indican estas fuentes, que apuntan al «papelón» que se va a encontrar la persona que sustituya a Ibarra y se encuentre con siete personas «de otra cuerda» colocadas en puestos de decisión. «Si se va en cinco o seis semanas al nuevo que entre le deja muy poco margen al colocar a los suyos», señalan estas fuentes, que indican que al tratarse de promoción interna «la plaza es para quien se le da».
«Yo te hago un traje, miro tu curriculum, veo los cursos que tienes y saco la plaza a tu medida. Así te dejo colocado o colocada. Esta es la gravedad de la situación. Son promociones internas sin vuelta atrás», indican.
Las dos plazas que han salido hasta ahora son promociones internas para trabajadores dentro del convenio que llevan más de cuatro años en movilidad funcional y cobrando un salario superior a sus compañeros sin que se les haya exigido ningún criterio evaluable, apuntan estas fuentes.
Las organizaciones sindicales que tienen mayoría en el comité de empresa -4 son de CC OO, 3 del Sindicato de la Policía Portuaria, 2 del CSIC, 1 de UGT y 3 de SOPC- van a solicitar una reunión con el presidente del Puerto, Luis Ibarra, y la jefa de Recursos Humanos, para tratar de parar los cambios y «que se sigan los procedimientos establecidos legalmente». También estudian movilizaciones para frenar el «abuso».
200.000 euros para 'tapar' un acoso laboral
Fuentes sindicales llevan denunciando desde hace meses la situación que se vive en el seno de la Autoridad Portuaria. Como ejemplo de lo que ocurre apuntan al acuerdo extrajudicial «privado y sin información» que la Autoridad Portuaria cerró con una ex trabajadora, J.N.P, en marzo de 2023.
Esta trabajadora denunció por acoso a la jefa de Recursos Humanos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Carmen Gloria Rodríguez, y tanto la Inspección de Trabajo, en dos resoluciones, como una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) se lo reconocieron.
Antes este fallo cabía recurso pero el Puerto decidió, según estas fuentes, «taparlo todo» y tratar de evitar que el tema saliera a la luz. La trabajadora estaba dispuesta «a llegar hasta el final» incluso acudir a la vía penal, según estas fuentes.
Para evitarlo, le ofrecieron un acuerdo extrajudicial por el que la abonaron hasta 200.000 euros: 75.000 que fijó la sentencia y 125.000 para que no hablase. Además, se llegó a un acuerdo de extinción de la relación laboral. Estas fuentes apuntan a que ese dinero se pagó «en nómina», sin dejar rastro contable. «Ni los de compras, contabilidad o económico financieron lo vieron porque no es visible. No hay rastro de nada», señalan estas fuentes que critican el papel jugado por Luis Ibarra por «su responsabilidad institucional».
Fuentes próximas aseguran que a través del canal de denuncias de la Autoridad Portuaria de Las Palmas se ha denunciado este hecho pero desde el Puerto no se ha tomado ninguna medida ni se ha analizado este asunto.
