El sector de la construcción trae del extranjero a 1.000 trabajadores a falta de mano de obra canaria

El colapso del sector inmobiliario en Canarias es «inminente» y tiene varios motivos: nula financiación de la banca a vivienda pública de alquiler, caducidad del Plan Canario de Vivienda, alta fiscalidad y falta de mano de obra, entre otros.

María Salud Gil, presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores (AECP) de la provincia de Las Palmas, que este jueves celebró su asamblea general, asegura que «la preocupación que tiene el sector de un posible colapso del sector inmobiliario en los próximos tres o cuatro años» se basa «en la escalada irrefrenable de precios que va a convertir a nuestra demanda, que va a seguir existiendo, en insolvente». Se trata pues, en un momento de emergencia habitacional, de «un grave problema social», económico y productivo.

Y uno de los elementos que hacen que la oferta y la demanda de vivienda no esté acompasada es la falta de mano de obra cualificada. Por un lado, «el absentismo es insostenible. No el absentismo que está justificado. Dejémonos de demagogia. Nosotros no estamos hablando de que nuestros trabajadores que están enfermos tengan que venir a trabajar», señala Salud Gil. El sector de la construcción habla de «control de los absentistas profesionales» y de «que las pruebas diagnósticas puedan ser desarrolladas por las mutuas» de tal forma que se acorten los tiempos de espera que, afirma Gil, «tardan hasta un año», lo que «supone unos costes brutales».

Y a su vez, «un problema desesperante» es la falta de personal. Así que desde la patronal de los constructores «ya estamos captando personal en el exterior. En este momento hay 1.000 expedientes tramitándose de trabajadores que están siendo contratados, contactados en el exterior. Especialistas que necesita el sector para ser competitivo, para poder acudir a las obras, porque entre el absentismo, que es un 12%; el impacto sobre la facturación, que es el 10%; los impagos y la morosidad de las Administraciones públicas», el sector no puede más.

Así que importar mano de obra desde países con los que España tiene convenio, como Chile o Perú, se presenta como una vía de resolución al problema. A esos trabajadores foráneos se les alojará en viviendas instrustrializadas no permanentes que se construirán para este fin concreto.

«Estamos trabajando sobre la creación de núcleos de viviendas industrializadas de 30 metros, unifamiliares, nada de hacinamiento, nada de indignidad, y estamos coordinándonos con la Delegación de Gobierno a efecto de garantizar la legalidad y la dignidad de los procesos en esta materia», en palabras de la presidenta de la ACEP.

Además, «esto es solo el principio. Traeremos más personas a trabajar» dado que «hay un problema serio» con 12.000 parados en el sector de la construcción y sólo 1.000 con una certificación profesional.

Salud Gil ejemplifica la situación: «Tuvimos que entrevistar a 3.330 personas para conseguir que 90 quisieran formarse. No se trata del salario. Nuestro salario medio supera los 23.000 euros. Un peón ordinario cobra 20.000 euros. Es un 32% por encima del salario mínimo interprofesional. Tenemos un plan de pensiones, tenemos una carrera profesional instaurada dentro del mejor convenio colectivo de España, un horario que concilia, y además estamos industrializándonos, innovando, mecanizando la posibilidad de que las personas hagan un menor esfuerzo físico para poder ser atractivas». Pero, con todo, «esta es nuestra realidad».

Así que «solucionar el problema habitacional de estos trabajadores» es responsabilidad de los empresarios. En cuanto a los trabajadores locales que no tengan vivienda «es el problema de cualquier ciudadano».

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