Atento al impago en la factura de la luz en Canarias: puede costarle hasta 5.000 euros

Desde hace aproximadamente un año rehabilitar el suministro eléctrico que se encuentra dado de baja, ya sea voluntariamente por un fallo o por un retraso en el pago de la factura está generando graves consecuencias económicas entre los canarios.

La Asociación Empresarial de Instalaciones Eléctricas y de Telecomunicaciones de Santa Cruz de Tenerife (Asinelte) ya se está movilizando para encontrar una solución a este problema que podría llegar a afectar al 20% de la población canaria. Hay que destacar que en otras regiones este problema no existe.

Para ello, se han iniciado conversaciones con el Diputado del Común, Rafael Yanes, «con el fin de pedirle su mediación para solucionar algunos de los problemas que está sufriendo el sector eléctrico en Canarias y que afecta directamente a la ciudadanía», apunta el presidente de Asinelte, Alberto Pérez.

Actualmente, para restablecer el suministro eléctrico se tiene que realizar el trámite como si de una nueva instalación se tratase, incluso si se no ha realizado ningún cambio respecto al contrato anterior. En vez del tradicional proceso de abonar el recibo pendiente y recuperar tu suministro eléctrico, los canarios tendrán que correr con un gasto que oscila entre los 3.000 y los 5.000 euros. Desde Asinelte entienden que esta es una medida desproporcionada: «si un cliente no ha podido pagar una factura, ¿cómo va a pagar la reforma total de su instalación eléctrica? Hasta hace un año se permitía restituir el servicio haciendo una revisión básica de seguridad a la instalación por un perito autorizado por la empresa correspondiente», detalla el portavoz de Asinelte, Vicente Rodríguez.

El objetivo principal de esta comunicación con el Diputado del Común, es que este proceso vuelva a adherirse al Certificado de Adaptación de la Instalación, normativa que es competencia propia de cada comunidad autonóma y que actualmente se encuentra 'congelada' por la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias.

Para Asinelte, siempre y cuando un perito especializado verifique que la instalación eléctrica de la persona afectada cumpla con todos los requisitos necesarios, no debería haber problemas en rehabilitar el suministro con efecto inmediato. «Si hubiese alguna irregularidad en la inspección, la responsabilidad debería recaer sobre el perito o la empresa que lo autorice, no sobre el ciudadano», aclara Rodríguez.

El segundo problema tratado en el encuentro con Yanes se debe a la exigencia de la referencia catastral por parte de la distribuidora eléctrica en Canarias (E-Distribución) en las solicitudes de nuevos suministros para autorizar el punto de conexión. La Dirección General de Energía ha aclarado que tras revisar los diferentes decretos, ninguno de ellos especifica la necesidad legal de tal documento «por lo que reclamamos que la distribuidora deje de requerir esa información y facilite el acceso al suministro eléctrico por parte de la ciudadanía dentro de la legalidad vigente», recalca el presidente de Asinelte, Alberto Pérez.