Rafael Hernández se opone a la declaración consursal de Oportunidades de Vida

El Juzgado de lo Mercantil Nª3 de la capital grancanaria está tramitando un procedimiento en materia concursal tras la solicitud iniciada por una trabajadora de la asociación social Oportunidades de Vida, gestionada por Rafael Hernández, expresidente de COAG (Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas en Canarias), e investigado por la supuesta comisión de una serie de delitos relacionados con la gestión de esta ONG.

Según recoge la última diligencia al respecto, «se ha opuesto la entidad demandada a la solicitud de declaración del concurso», y quedan las actuaciones pendientes del señalamiento de la oportuna celebración de la vista.

La trabajadora, en calidad de acreedora al no habérsele satisfecho una serie de salarios, ha acudido al Juzgado de lo Mercantil para solicitar que sea un administrador independiente el que se lleve a cabo la gestión de Oportunidades de Vida. Se da la circunstancia de que esta entidad ahora mismo tiene suspendidos los contratos por Resolución de la Dirección General de Protección a la Infancia y a las Familias de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, además de «la suspensión de cualquier actividad de trabajo con menores».

Mientras, se ha llegado a un acuerdo con el comité de empresa para llevar a cabo un plan formativo para trabajadores en ERTE de la asociación.

A todas estas, la defensa de la empresa de Rafael Hernández, ante la demanda de la supuesta acreedora, alega que «falta a la verdad» al decir que se le adeudan salarios ni vacaciones. También expone que la entidad está al corriente de sus pagos ante las administraciones tributarias y la Seguridad Social.

A su vez, alega la representación legal que Oportunidades de Vida se dedica al tercer sector, sobre todo a «la gestión y funcionamiento de un centro de menores denominado Demena Tagoror», donde se acogían hasta el 12 de agosto de 2024 «un número no inferior a 142 menores no acompañados». Dicho centro era dirigido por la hija de Hernández y fue intervenido por la Policía Autonómica tras una orden judicial. Desde esa fecha, y debido a la causa penal abierta por supuesta explotación de menores, entre otros, el centro en cuestión ya no funciona.

Por ello, en septiembre de 2024 se solicitó ERTE del personal por causa de fuerza mayor, que fue desestimado, por lo que se solicitó un ERE. Así, «nuestra mandante sólo debe los salarios de septiembre y parte del mes de octubre, encontrándose a la espera de un pago de más de un millón de euros que se encuentra retenido por la Administración para sufragar estos salarios».

Como conclusión, la asociación social Oportunidades de Vida alega que «ni si quiera se encuentra en situación de mayor pasivo que activo». Mientras la trabajadora que ha iniciado el procedimiento mercantil expone que el deudor cumple con las condiciones objetivas previstas en la Ley Concursal para ser declarado insolvente.

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