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IRM solicita al Puerto que rechace la adjudicación de la parcela de la eólica marina a Boluda y Suárez

IRM solicita al Puerto que rechace la adjudicación de la parcela de la eólica marina a Boluda y Suárez

La empresa propiedad de Álvaro Garaygordóbil, primer solicitante de ese suelo, ha pedido al Puerto que no se le dé a B&S al estar judicializado el procedimiento y diferir en los usos previstos

Silvia Fernández

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 4 de febrero 2025, 01:00

La empresa canaria IRM, propiedad de Álvaro Garaygordóbil, ha solicitado al director de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Francisco Trujillo, que rechace la petición formulada por B&S General Cargo para hacerse en adjudicación directa con la parcela destinada en el puerto de La Luz a albergar la plataforma logística a la eólica marina.

IRM Canary Base presentó el pasado 29 de enero y dentro del plazo de exposición pública un serie de alegaciones contra este otorgamiento directo. Para empezar, IRM indica que el procedimiento para la concesión de ese suelo está «sub iudice», es decir, judicializado y por tanto, la petición no puede seguir caminando. Además, como segundo argumento IRM pide el archivo de la solicitud al entender que el proyecto de Boluda y Suárez «no se ajusta al objeto del concurso».

Las alegaciones presentadas por IRM apuntan a que Boluda y Suárez va a convertir la parcela en una terminal logística y no en una plataforma para la eólica marina, si bien el proyecto presentado por B&S es el de una 'terminal logística de energía renovable y energía circular' y está avalado por numerosas firmas del sector naval y eólico como Navalia y Pymar, entre otros y que consideran la propuesta un «revulsivo» no solo para Canarias sino también para avanzar en la descarbonización de toda España.

Así todo, desde IRM tienen claros sus argumentos: «El que de manera puntual prevea descargar palas de molinos no lo convierte en una plataforma para la construcción, reparación, mantenimiento, transformación y desarrollo de artefactos offshore y/o terrestres, vinculadas a las energías renovables desarrollo sostenible y descarbonización».

Como refuerzo, indican que si tuvieran capacitación para esto podrían haberlo acreditado con un certificado de buena ejecución o con alta en el IAE de la actividad.

IRM deja claro que la primera empresa que optó a ese suelo para crear un centro de reparación de buques y elementos offshore de energías renovables y recuerda como, tras su solicitud, el Puerto -presidido entonces por Luis Ibarra- abrió el trámite de competencia, apareciendo una empresa llamada Concesiones Eólicas Canarias «y que no reunía los requisitos». Su proyecto, apunta, fue «una idea copiada» del de IRM aunque con menos inversión pero sirvió a la Autoridad Portuaria para justificar la necesidad de llevar la parcela a concurso. Como se recordará y lo recogen las alegaciones, el concurso quedó desierto al quedar suprimido de los pliegos la posibilidad de la reparación naval. «La Autoridad Portuaria actuó sin planificación y haciendo uso de los fondos públicos para cercenar la iniciativa privada de IRM», se indica en las alegaciones, en las que se critica que el puerto actuara supuestamente por la libre concurrencia «para en estos momentos esta sopesando que dicha inversión vuelva a manos de un privado (...) para hacer otra terminal logística (...) en lugar de plantear un concurso mejor elaborado y más acorde a la realidad del puerto de las palmas y su principal 'incoming', eso es la reparación naval como evolución al negocio de la eólica offshore».

Son todas estas «anomalías» del procedimiento del trámite de competencia las que están pendientes de resolución judicial y la razón por la que, según IRM, no puede seguir adelante la adjudicación directa. «Cualquier resolución puede afectar directamente a nuestros intereses», añade IRM en el escrito.

Por todo lo anterior IRM muestra su «asombro» de que se le haya dejado al margen del procedimiento de otorgamiento directo. A partir de ahora, entienden que se les debe dar traslado de cualquier información o trámite que haya del expediente. Asimismo, IRM considera que el Puerto les debe resarcir de los costes de su proyecto, ya que su propuesta inicial fue utilizada como base del concurso posterior y del que se sienten excluidos por prohibirse de forma expresa la reparación naval.

Finalmente, como tercer argumento, IRM, que critica que no se les haya facilitado copia del proyecto, apunta de que no hay certeza de que el 70% de la superficie, unos 78.000 metros cuadrados, vaya a tener capacidad portante de diez toneladas metro cuadrado, como exigía el concurso. «Esta circunstancia se tiene que cumplir sí o sí, ya que de lo contrario las condiciones de otorgamiento serían inferiores y sería otro motivo por el que no procedería la mencionada solicitud de otorgamiento directo», indica. Añadido a esto, considera que la capacidad del firmante del proyecto se limita a la construcción de naves y no a la realización de obra civil portuaria. «Así las cosas, la solicitud de adjudicación directa debe ser ampliamente rechazada», insiste.

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