El Gobierno no dará otra concesión a la cementera y convertirá Santa Águeda en un puerto deportivo

La incógnita sobre el futuro uso del puerto de Santa Águeda, ubicado en la bahía de El Pajar, y que se disputan la cementera de Ceisa y un grupo de empresarios turísticos va camino de resolverse. El consejero de Obras Públicas el Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, va a proponer al consejo de administración de Puertos Canarios que no dé una nueva concesión a la empresa Cementos Especiales de Las Islas (Ceisa) sobre el puerto de Santa Águeda, en la bahía de El Pajar (Arguineguín), de cara a reconvertir su uso de industrial a turístico. El objetivo del Gobierno es dar cumplimiento al Plan Insular de Ordenación del Cabildo de Gran Canaria que se aprobó en diciembre de 2022 y recoge el uso turístico de esta infraestructura, con el fin de desarrollar una nueva pieza turística, con muelle deportivo incluido, de gran lujo y destinado a un turismo de calidad.

La concesión otorgada sobre el puerto a la cementera fue otorgada en 1957 y en marzo del 2020 caducó. Desde entonces y hasta ahora Ceisa ha seguido utilizándolo sin título habilitante mientras espera que se resuelva su petición de nueva concesión.

La cementera se ubica sobre terrenos de su propiedad pero necesita el puerto para seguir con su operativa. Al tiempo, empresarios turísticos y entre los que se encuentra el director general de Cordial Hotels & Resorts, Nicolás Villalobos, reclaman el uso turístico de esa zona en cumplimiento de lo que establece el planeamiento (PIO de Gran Canaria) y el interés general, como él mismo apuntaba en una entrevista publicada por CANARIAS7 el pasado fin de semana.

Las declaraciones de Rodríguez ayer no cogieron por sorpresa a nadie puesto que CC y él mismo se habían posicionado antes de las elecciones en contra de prorrogar el uso industrial de este puerto, que se ubica en una de las zonas con mayor potencial y desarrollo turístico de la isla de Gran Canaria.

El posicionamiento del nuevo Gobierno contrasta con el anterior, el del 'pacto de las flores', que, tras haber creado una comision de trabajo para determinar el mejor uso del puerto, había optado por un uso compartido: industrial y turístico. El consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo, también era proclive a esta solución rechazada por los empresarios turísticos, puesto que «no se puede aspirar a un turismo de calidad que venga de vacaciones a los silos de una cementera».

La intención del Gobierno sí generó reacciones divergentes en línea con los dos usos que se pretende. Desde la FEHT, su presidente, José María Mañaricua, «felicitó» al Gobierno de Canarias por la decisión tomada y que da cumplimiento al PIO. «Se está cumpliendo la norma», dijo.

En el mismo sentido se expresó Nicolás Villalobos: «Celebramos la normalidad y el estado de derecho. Se ha ejecutado la normativa. Los títulos concesionales no daban ninguna cobertura a la pretensión de Ceisa de seguir con el uso industrial y no cabía la prórroga», indicó Villalobos, para quien la decisión del Ejecutivo abre la puerta a un futuro de progreso para la isla de Gran Canaria.

Desde el Cabildo de Gran Canaria, su presidente, Antonio Morales, dejó ayer claro que la decisión sobre el futuro del puerto de Santa Águeda le corresponde al Gobierno de Canarias y que si este ha decidido su uso turístico, en línea con el PIO, «ese tendrá».

A partir de ahora consideró que habrá que realizarse un plan especial para el desarrollo de este puerto. Morales también dejo claro que el cambio de uso del puerto no afecta a la actividad de la cementera, que puede seguir operando con normalidad.

El alcalde de San Bartolomé, Marco Aurelio Pérez, indicó que aunque el Ayuntamiento en pleno decidió en su día el uso industrial tras la aprobación del PIO de Gran Canaria «acatan» su uso turístico.

Desde Cementos Especiales de Canarias (Ceisa) se recordó ayer que el procedimiento administrativo abierto por Puertos Canarios tras solicitase una nueva concesión «sigue abierto» y que hasta que haya una resolución final «les ampara» para seguir adelante con su actividad. «El proceso administrativo abierto nos permite operar con normalidad como hemos estado haciendo», indican estas fuentes que recuerda la comisión de trabajo constituida por el anterior Gobierno de Canarias y que recogía el doble uso, industrial y turístico.

Desde Ceisa no se quiso revelar si recurrirán la decisión del Ejecutivo sin finalmente no se les da una nueva concesión para el uso del puerto. «Cuando llegue ese escenarios se valorará», se indica.

Fuentes próximas aseguran que la decisión anunciada por el consejero de Obras Públicas «tendrá recorrido en la vía administrativa y judicial», ya que todo apunta a que Ceisa recurrirá y además podría pedir medidas cautelares.

Desde el Círculo de Empresarios, Agustín Manrique de Lara, valoró sobre todo la «seguridad jurídica» de la decisión del Gobierno que se ampara en el PIO de Gran Canaria. El presidente de la CCE, por su parte, Pedro Ortega, indicó que la patronal «quiere que el turismo y la industria funcione y se haga dentro de la legislación vigente».

En cuanto al presidente de los industriales (Asinca), Virgilio Correa, advirtió de que la cementera necesita al puerto para su operativa. De no tenerlo, indicó que aumentará el tránsito en la GC-1 en 100 camiones diarios y la emisión de 3.000 toneladas de C02 al año. «Va en contra de la sosteniblidad que se demanda», manifestó. También apuntó que el cambio de uso del puerto va en contra de la diversificación de la economía canaria que tanto se demanda y finalmente, destacó que la cementera «da empleo a 150 personas de forma directa y 450 indirectamente».

Pese a las cifras que maneja Asinca, de los datos extraídos de las cuentas anuales presentadas por Ceisa, el total de trabajadores a cierre de 2022 era de 88.

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