Impacto de los ETS en los puertos canarios

Canarias estudia incentivos a las navieras para evitar su fuga por la tasa de emisiones

Los puertos africanos del entorno quedan fuera de esta tasa que está provocando que varias navieras de las que operan en Canarias -MSC es la más potente- se estén planteando cambiar rutas y sustituir los puertos canarios por los del continente vecino. Además de perderse 70 millones de euros anuales -65 por la pérdida de 574.577 teus de movimiento en el puerto de las Palmas y 65.970 en Santa Cruz de Tenerife y 5 millones de ingresos en La Luz por el pago de la Tasa de Mercancías (la T3), los derechos de emisiones también deriviarían en pérdida de empleo directo e indirecto. Solo el directo supondría en el caso de Las Palmas la pérdida del 55% de sus estibadores. En total 190 de su actual plantilla de 350 personas. En Santa Cruz de TEnerife se perderían 25 portuarios, el 14% de su actual plantilla.

Así se concluye en un informe encargado el pasado año por el Gobierno de Canarias al Centro de Innovación del Transporte (Cenit) de Barcelona y que ahora, una vez concluido, será trasladado a Bruselas para lograr una excepción para Canarias, según indicó ayer el consejero de Obras Públicas del Gobierno regional, Pablo Rodríguez, en la rueda de prensa que dio junto a los presidentes de las dos autoridades portuarias, Beatriz Calzada y Pedro Suárez.

El impacto para la economía de las islas y el empleo se ve agravado además por un recorte de la conectividad marítima del archipiélago, con un impacto directo en los residentes isleños. La gravedad de la situación obliga al Gobierno de Canarias a tomar medidas con carácter inmediato y en el corto plazo, ya que hasta al menos 2025 o 2026, cuando se revisen los efectos que ha tenido la tasa de derechos de emisiones en los puertos afectados, no hay posibilidad de excepción.

Para entonces, como indicó ayer Calzada, será ya tarde porque la naviera que deja un puerto no regresa de forma rápida, al tratarse de decisiones estratégicas que requieren de bastante tiempo de maduración.

Por esto, desde el Ejecutivo regional se está estudiando la posibilidad de conceder incentivos a las navieras, de cara a ayudarlas a sufragar el coste de los derechos de emisiones y «animarlas y premiarlas» para que se queden en Canarias y siguen dando pasos hacia la descarbonización, como apuntó Calzada.

El consejero Pablo Rodríguez explicó que, dado que se estima que España va a ser uno de los países que más va a recibir en concepto de esta tasa -en torno a unos 10.000 millones de euros-, se va a negociar con el Estado que las bonificiaciones e incentivos a las navieras se obtengan de este dinero. «El artículo 349 del TFUE recoge que todas las normas de la UE se deben adaptar a las RUP y este informe da argumentos para la excepción de Canarias», manifestó.

En el mismo sentido se expresó Calzada, quien reclamó que parte de lo que se recaude con los derechos de emisión debe ir a compensaciones por la afección que la directiva tiene sobre los puertos canarios, los más afectados del sistema portuario español por la proximidad a los puertos africanos. En el informe se pone de relieve la competencia que supone para Las Palmas los puertos de Tánger, Nador, Agadir, Casablanca, Nuadibú y Nouackchott y a los que podrían dirigirse las navieras que hoy están en Canarias por los menores costes sobre sus operaciones.

«La tasa tiene una afección directa a nuestra economía, en el PIB de Canarias y sobre todo en nuestra conectividad y a todo lo que llega vía transbordo, que es casi todas las cosas que tenemos en nuestras casas, en nuestros puestos de trabajo, las tiendas... Da igual el sector que sea, todo llega a través de estos contenedores y si perdemos esa conectividad, perdemos nuestra vida y no lo vamos a permitir», indicó Calzada, que señaló que Canarias «va a pelear» por la excepción.