Consejo de administración del Puerto

El Puerto se enfrenta a una sanción de 300.000 euros por acumular cayucos en Arinaga

La posible sanción ha sido comunicado la Agencia de Protección del Medio Natural del Gobierno de Canarias que le da un plazo de un mes para acreditar que se va a llevar a cabo su retirada. Sin embargo, como indicó ayer la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, el Puerto no tiene ninguna competencia sobre este asunto. Destruir un cayuco tiene un desembolso de entre 600 y 1.000 euros, lo que eleva hasta los 130.000 euros hacerse cargo de los acumulados en Arinaga.

Calzada ya se reunió con el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, hace mes y medio para plantearle la existencia de estas embarcaciones. Pestana le apuntó que la Delegación trabajaba en la elaboración de un pliego para cuantificar el número de embarcaciones y determinar a la empresa encargada de su destrucción. La destrucción

Tras recibir la carta de la Agencia de Protección del Medio Natural la semana pasada Calzada ha vuelto a contactar con Pestana para que tome medidas «ya que no sería de recibo que la Autoridad Portuaria fuera sancionada por prestar un espacio para evitar un problema mayor».

Calzada ha reclamado al delegado medidas porque en un mes hay que dar respuesta a la Agencia para evitar la sanción. «Confiamos en que se acelere el proceso de contratación de la empresa para que retire estas embarcaciones», indicó.

Como explica Calzada, fue en el 2021 cuando a raíz de una denuncia por unos vertidos de escombros la Policía Autonómica descubrió el cúmulo de cayucos y lo puso en conocimiento de la Agencia, que incoa el expediente.

Hoy los escombros se han retirado pero los cayucos, no.

Calzada indicó que la parcela en cuestión son dos en realidad y que una de ellas pertenece a la Sociedad Mixta de Compensación del Polígono Industrial, de la que es titular casi en su totalidad el Cabildo de Gran Canaria.

Calzada ya se lo ha comunicado a la Agencia y en aprovechó ayer el consejo de administración para informar al presidente del Cabildo, Antonio Morales, de que en los próximos días podría recibir el requerimiento de la Agencia.

La presidenta del Puerto confió en que la Delegación actúe con celeridad. «Esperamos tener respuesta antes de un mes de la Delegación. Si no es la retirada si la acreditación de que se van a retirar en un plazo cierto para hacérselo llegar a la Agencia y lo dé por bueno», indicó Calzada. En el supuesto de que no se diera esta celeridad «veremos qué se puede hacer porque no es de recibo pagar una sanción de 300.000 euros», manifestó.

La presidenta dijo no entender que un expediente que se abre en 2021 llegue ahora, dos años después «y sobre algo que nadie sabía».