El poder del campo ante Bruselas: 9 millones de empleos y el 1,4% del PIB

La intensidad de las protestas ha generado incluso cambios normativos -como el reciente visto bueno a la flexibilización de algunos requisitos medioambientales y de la Política Agraria Común (PAC)- hasta hace poco impensables y que demuestran el enorme poder de un sector que, sin embargo, no tiene un gran peso en la economía de la zona euro.

Según datos de Eurostat, la agricultura supone el 1,4% del PIB europeo (sin tener en cuenta el resto de eslabones de la cadena alimentaria). Pero en todo caso, el número de personas empleadas asciende a nueve millones. Así que es uno de los colectivos más interesados en los resultados electorales, no solo porque dependen de las ayudas europeas, sino también de las políticas comunitarias. Sobre todo en un momento de máxima tensión ante los elevados costes que está suponiendo para el sector asumir el Pacto Verde impulsado en la Comisión y que ha estado en el foco de la reciente ola de movilizaciones.

Desde organizaciones como COAG, Asaja y UPA en España han defendido siempre un compromiso del sector con la sostenibilidad. Pero aseguran que esos objetivos de digitalización y reducción de emisiones europeos son imposibles de cumplir en los plazos previstos sin que ello implique unos costes inasumibles para las explotaciones. Del mismo modo, entre las reivindicaciones comunes de agrícolas y ganaderos europeos se sitúa la protección de la seguridad alimentaria en toda la cadena, rebajando la dependencia de la UE de producciones de fuera de la región a través de acuerdos con terceros países.

En todo caso, el sector sabe que es el momento para presionar a Europa, en un ejercicio en el que su actividad se ha visto mermada además por factores externos como la sequía. Un reciente informe de la Comisión reconoce que la productividad del trabajo agrícola bajó el pasado año en un 6,6%, con una caída de casi el 8%en el valor real de los ingresos del campo.

A ello se suman otros problemas como la reducción de la mano de obra, con el reto de un relevo generacional difícil de acometer bajo las condiciones actuales. Según datos de Eurostat, el 33,2% de los administradores de tierras destinadas al cultivo en la UE tiene ya 65 años o más. Y solo un 11,9% son menores de 40 años. La pérdida de fuerza laboral en este escenario ha sido constante en la última década, con una disminución de cerca del 25% entre 2010 y 2020.

Con este escenario, el voto del campo puede ser decisivo en estas elecciones. Habrá que esperar para comprobar si esa fuerza durante la campaña se traduce después en medidas concretas para el sector.