El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá. / e. p.

Los sindicatos exigirán que las empresas paguen el 80% de la subida de las cotizaciones

Escrivá prevé recaudar con el alza de 0,6 puntos entre 41.000 y 45.000 millones a lo largo de una década para afrontar las pensiones del baby boom

Lucía Palacios
LUCÍA PALACIOS Madrid

Faltan apenas cinco días para que expire el plazo acordado para tener listo el nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y el Gobierno y los agentes sociales siguen negociando a contrarreloj para alcanzar un acuerdo. Encima de la mesa ya hay una propuesta clara y concreta: una subida de las cotizaciones desde 2023 a 2032 para conseguir unos ingresos extra para llenar la 'hucha' de las pensiones y sufragar así la oleada de jubilaciones de la generación del 'baby boom'. La CEOE volvió este martes a rechazar un nuevo incremento de los costes para las empresas. «No es el momento más adecuado», aseguró su presidente, Antonio Garamendi, quien considera «complicado» llegar a un acuerdo. A los sindicatos, por el contrario, la fórmula les parece «acertada» al centrarse en aumentar los ingresos y no establecer ningún recorte en la pensión ni retraso en la edad de jubilación. «Como modelo nos parece que va en la línea adecuada y debemos hacer todos un esfuerzo de cierta solidaridad y responsabilidad sin penalizar las pensiones futuras», defendió Mariano Hoya, vicesecretario general de Política Sindical de UGT.

Sin embargo, el apoyo de las organizaciones de los trabajadores aún no está claro ya que pelearán para que este incremento de 0,6 puntos de las cuotas que se pagan a la Seguridad Social tenga menos repercusión en los trabajadores. El Gobierno ya rebajó su pretensión inicial y si en un primer momento abogó por que el incremento se repartiera de forma equitativa entre ambos, en el documento presentado el pasado lunes propuso que 0,4 puntos fueran sufragados por la empresa y las dos décimas restante por los empleados. Desde UGT explicaron a este periódico que pedirán que el porcentaje que paguen las empresas se eleve hasta el 80%, más en la línea del actual reparto de las cotizaciones, para que el trabajador asuma solo el 20%.

A su vez, los sindicatos exigirán al Ejecutivo que esta subida se mantenga durante más tiempo, no solo durante una década, y pueda alargarse hasta 2040 o 2050, ya que consideran que la recaudación va a ser insuficiente para afrontar el incremento del gasto que habrá en pensiones en las próximas décadas.

Y eso que las estimaciones realizadas por Seguridad Social sobre cuánto se podrá ingresar a lo largo de estos diez años son más optimistas que las que cuantifican los expertos. Según sus cálculos, la subida de 0,6 puntos en las cotizaciones llenaría la 'hucha' de las pensiones con una inyección de entre 41.000 y 45.000 euros. Así, prevén que este alza recaude en 2023 unos 2.800 millones extra, que invertirán en fondos de inversión que confían en que den una rentabilidad de entre el 5% –en el peor escenario– y del 7% –en el mejor–.

¿Y cuánto supondrá este encarecimiento de las cuotas sociales para las empresas y los trabajadores? Para un salario medio, con una base de cotización de 1.976,42 euros al mes, significará un extra de 11,86 euros. De esta cantidad, la empresa tendrá que abonar casi 8 euros, mientras que el trabajador no llega a los 4 euros, con el reparto que figura en la última propuesta presentada.

El coste mensual para las bases máximas de cotización (4.139,4 euros) roza los 25 euros, de los cuales 16,5 paga la compañía y los 8,2 restantes el empleado. A los mileuristas les supondrá un incremento de cuota de 6,7 euros al mes, de los que abonarán 2,2 euros.

Un nuevo sistema para los ERTE ayudará a reconvertir sectores

El Gobierno presentará este miércoles a los agentes sociales, dentro de la mesa de negociación sobre la reforma laboral, un nuevo sistema que sustituiría a los actuales expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). El objetivo de este cambio, impulsado por el Ministerio de Seguridad Social, es ayudar en la reconversión de trabajadores, empresas, e incluso, de sectores enteros.

El llamado Mecanismo RED de flexibilidad y estabilización del empleo mantiene los expedientes por fuerza mayor para situaciones excepcionales, como la pandemia de covid-19. Lo costearán el Estado y las empresas. La novedad, según la SER, son los expedientes por reestructuración, que permitirán que unas compañías puedan traspasar trabajadores a otras -las primeras se ahorrarían parte del despido y las segundas desgravarían en cuotas sociales-. También se incluyen otros expedientes sectoriales, específicos para reconversiones por actividades o si «concurren causas económicas por una situación coyuntural de alcance general».