Un grupo de jubilados jugando a las cartas. / S. E.

Parados, autónomos y pensiones bajas, beneficiados de la reforma que planea Escrivá

Por cada año que se amplíe el periodo para calcular la jubilación se reduce su cuantía un 0,9%, pero se suaviza si se puede hacer descartes

Lucía Palacios
LUCÍA PALACIOS Madrid

La fórmula para calcular las pensiones va a cambiar. Esta es casi la única certeza que se tiene ahora mismo, cuando se acaba de iniciar la negociación del Gobierno con los sindicatos para la segunda fase de la reforma del sistema de la Seguridad Social que tiene que estar acordada antes de que termine el año. Este es el compromiso que adquirió el Ejecutivo con Bruselas en el plan de recuperación.

Y, como todo cambio, suele traer beneficiados y perjudicados. Parados, autónomos, carreras más cortas de cotización y los trabajadores con salarios más bajos serán los colectivos que, previsiblemente, se verán favorecidos con la reforma, pese a los múltiples interrogantes que hay puesto que aún está casi todo por diseñar y –lo que es más difícil aún– pactar con los agentes sociales y el arco parlamentario.

A día de hoy, lo que se sabe es que, pese a que la Comisión Europea presiona para ampliar el periodo de cálculo a los últimos 35 años, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha aparcado ya esta idea ante el rechazo generalizado que provoca, tal y como reiteró el pasado lunes. «De ninguna manera», prometió ante los micrófonos.

No llegará a los 35 años, pero su objetivo –siempre lo ha sido– sí será ampliar el periodo de cómputo. Pero, para hacerlo sin levantar demasiada polvareda, pretende introducir dos elementos que suavizarán en gran medida la nueva fórmula: la posibilidad de elegir los mejores años y descartar lagunas de cotización (esos periodos de tiempo en los que el trabajador no ha cotizado y que, por tanto, penaliza su pensión final).

Por cada año que se amplíe el periodo entre 25 y 35 años para calcular la pensión se reduce su cuantía de media un 0,9%, según la estimación realizada por el Banco de España en un informe reciente. Es decir, si se optara por alargar hasta los 30 años, la pensión inicial caería en torno a un 4,5%.

Significa además que esa propuesta no oficial que circuló por los despachos de La Moncloa de estimar la pensión con los últimos 35 años cotizados, habría provocado un tijeretazo en la pensión de los nuevos jubilados del 8,2%, que se sumaría además al recorte del 5% que ha supuesto la reforma de 2011, que amplió progresivamente de 15 años que se contabilizaban antes a los actuales 25.

Efecto neutro

La fórmula que maneja Escrivá de ampliar el periodo de cálculo pero permitiendo descartar algunos años –una solución que recomienda el Pacto de Toledo en su recomendación 5– mejoraría la jubilación de parados (sobre todo de aquellos que en sus últimos años de carrera y debido a alguna de las últimas crisis económicas se quedaron sin trabajo y no consiguieron reengancharse al mercado laboral), autónomos (puesto que las lagunas de cotización de este colectivo les contabiliza como 0), trabajadores con carreras cortas y los que tengan salarios más bajos. Así se extrae tanto del mencionado estudio del Banco de España como de otro anterior elaborado por el Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social, formado por investigadores de la Universidad de Extremadura y Valencia.

La estimación realizada por el Banco de España arroja que si se eleva el periodo a 35 años y se eligen los 29 mejores el efecto sobre el sistema es neutro, de forma que la cuantía media no varía. Sin embargo, mientras los que tienen la pensión alta sí reducirían ligeramente su cuantía (-1,7%) y les costaría más llegar a la prestación máxima, se incrementaría en el caso de los que hayan estado más de un año en desempleo (2,5%) o con un empleo a tiempo parcial (0,6%) o bien tengan lagunas superiores a un año (2,8%). A su vez, las pensiones bajas saldrían favorecidas, con una subida de más del 2% para aquellos que estén por debajo de la mediana.

El impacto final de la reforma también va a depender de cómo se integren las lagunas de cotización; esto es, de cómo se rellenan las bases de aquellos periodos en los que no se ha cotizado, puesto que Escrivá ya ha avanzado que pretende darles «un mejor tratamiento». En la actualidad, a la hora de calcular la pensión, estas lagunas ya se compensan para los asalariados (no para los autónomos), rellenando las primeras 48 mensualidades con el 100% de la base mínima y el resto, por el 50%. Una opción que podría ponerse encima de la mesa sería mejorar ese 50% de bonificación.

España es de las pocas excepciones en Europa que no calcula la pensión de los nuevos jubilados con todos los años de cotización. Es más, dentro de las grandes potencias, es el país que cuenta con una fórmula más favorable al tener en cuenta los últimos 25 años, solo por detrás de Francia, que computa la jubilación con los 25 mejores años.

Así, la mayor parte de socios europeos, como Alemania, Reino Unido, Bélgica, Irlanda, Italia, Portugal..., utilizan toda la carrera laboral para determinar la pensión. Esta es la fórmula que prefiere la Comisión Europea, ya que en términos de sostenibilidad financiera, esto conduce a reducir el gasto del sistema. Por ello Bruselas ha instado a España a ampliar el periodo de cómputo.

a 35, y coger todos. Eso es loq ue tiene más sentido desde un pdv de contributividad. No esoc ges nada, sino eleliges. En realidad, debería ser toda la carrera laboral. En muchos países utilixzan toda la carrera.

«En realidad, lo que tiene sentido desde el punto de vista de la contributividad es utilizar toda la carrera laboral», defiende Enrique Devesa, profesor de la Universitat de València, quien incide en que el sistema de pensiones español es contributivo, por lo que no se puede utilizar para «corregir lo mal que está el mercado laboral».