Un agricultor en un campo de Álava. / R. C.

La Eurocámara da luz verde a una PAC «ecológica y transparente»

Entrará en vigor en enero de 2023 y contempla que el 10% de las ayudas directas se destinen a pequeñas y medianas explotaciones agrarias

SALVADOR ARROYO Bruselas

La nueva Política Agraria Común (PAC) de la UE ha superado este martes el paso decisivo para su activación en enero de 2023 y con vigencia hasta 2027, tras obtener el respaldo del Parlamento Europeo. Casi tres años de debate y desencuentros entre las instituciones implicadas (el propio Parlamento, los Estados y la Comisión) han culminado con una versión reformada de este marco que el legislativo considera más «ecológico, justo, flexible y transparente». La relevancia de la PAC viene marcada por su peso económico en el conjunto del presupuesto plurianual de la UE (un tercio del total aproximadamente). La cifra global se mueve en el entorno de los 390.000 millones de euros, de los que más de 47.000, corresponden a España.

La PAC, que aún tendrá que ser refrendada por el Consejo Europeo, asigna a la Comisión Europea la labor de evaluar si los planes estratégicos nacionales recogen los compromisos con el clima y el medio ambiente que se exigen; los agricultores, a su vez, tendrán que ser «respetuosos» con ellos en su labor. Y los Estados miembros tendrán que garantizar que al menos el 35% del presupuesto se destine al desarrollo rural y el 25% de los pagos directos a medidas medioambientales y climáticas, lo que se ha definido como 'ecoesquemas'.

El proyecto validado por el Parlamento Europeo contempla que al menos el 10 % de los pagos directos se utilice para apoyar a las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas y al menos el 3% del presupuesto de la PAC vaya a parar a manos de agricultores jóvenes. También se han insistido durante los debates y se ha logrado incorporar al resultado final «la creación de una reserva permanente de crisis», que contará con una dotación presupuestaria de 450 millones de euros y que tendrá como objetivo «ayudar a los agricultores en caso de inestabilidad de los precios o del mercado», según se ha subrayado desde la Eurocámara.

Mayor cooperación entre los inspectores de trabajo nacionales y los organismos que gestionan los pagos de la PAC o el control, mediante una herramienta de gestión de datos, de quienes son los destinatarios finales de las subvenciones son otros herramientas previstas en este marco que garantizarían esa mayor transparencia que defienden los eurodiputados.

La primera permitiría vigilar el cumplimiento de la normativa laboral y sancionar las infracciones. De hecho, se refleja un principio claro de «condicionalidad» social en toda la iniciativa o, lo que es lo mismo, que solo si se respetan los derechos laborales habrá ayudas agrícolas (será voluntario voluntario en 2023 y 2024 y obligatorio desde 2025). Con la segunda herramienta, (la del cruce de datos) se pretende detectar y erradicar el riesgo de fraude.

En la sesión de este martes en Estrasburgo, han superado la última criba los tres últimos reglamentos pendientes de la PAC (Planes Estratégicos, Horizontal y Organización Común de Mercados) obteniendo el apoyo de 452, 485 y 487 eurodiputados respectivamente. Los partidos de izquierda españoles han rechazado la reforma por considerar que «favorece a las grandes empresas y no se toma en serio los objetivos climáticos», reforzaron desde Podemos.