Santana Cazorla se presenta ante la Justicia tras la orden de busca y captura

El empresario Santiago Santana Cazorla se ha presentado este viernes en el Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana después de que su titular, Julio Luis Wood Rodríguez, dictara el pasado día 24 un auto en el que acordaba la «busca, captura, detención e inmediata presentación» en esa sede judicial.

Ese auto, que ahora queda sin efecto, se circunscribe en la instrucción de la querella presentada por Antonio Miguel González Palliser por los presuntos delitos de falsificación de documentos mercantiles y oficiales, apropiación indebida de títulos mercantiles, delito societario y «los que se dedujeran de la instrucción de la causa», según el texto de la querella. Esa acción penal se centra en presuntos delitos en la empresa Promociones Isla Verde.

En el auto, el juez Julio Luis Wood señalaba que «en las presentes actuaciones se han practicado las diligencias precisas a fin de citar al imputado, no siendo posible hasta este momento habiendo resultado infructuosas cuantas diligencias se han practicado para su citación ante este órgano judicial».

Agregaba el juez que, «habiendo incumplido el imputado su obligación de comparecer en el término señalado ante este órgano judicial conforme con la citación practicada (...), procede acordar su detención, y en consideración al artículo 835 y concordantes de la citada disposición procesal, expedir requisitoria para su detención y presentación inmediata con el apercibimiento de que, en caso de no comparecer en el plazo de diez días, se le declarará rebelde deparándole el perjuicio que se prevea en derecho».

Esta querella de Antonio Miguel González Palliser es uno más de los muchos frentes judiciales que tiene abierto el empresario Santiago Santana Cazorla.

Además de la declaración de concurso de acreedores del grupo con sus apellidos, a finales del pasado año la Audiencia Provincial de Las Palmas condenó a Santiago Santana Cazorla a un año de prisión por apropiarse indebidamente de una embarcación de recreo que pertenecía a la sociedad Anfi del Mar, de la que fue consejero delegado.

Según la sentencia, la embarcación, adquirida por Anfi del Mar en 2012, fue utilizada exclusivamente por el acusado durante su etapa como consejero delegado, aunque el bien figuraba como propiedad de la empresa en el Registro Marítimo Español. Tras cesar en el cargo en 2016, el acusado trasladó el barco a Marruecos y pasó a disponer de él como si fuese de su propiedad, sin autorización de la mercantil ni intención de restituirlo.

El tribunal de la Sección Segunda considera probado que el condenado actuó «con ánimo de obtener un beneficio patrimonial injusto» y que sus actos «provocaron un perjuicio económico» a Anfi del Mar, ya que la empresa no logró recuperar la embarcación, valorada en 42.000 euros.

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